La justicia es uno de los asuntos más polémicos, complejos y cambiantes en el mundo de hoy. En los últimos meses, temas relacionados con la justicia internacional y el combate a la criminalidad se han movido al centro de las preocupaciones mundiales. Ha habido una eclosión de capturas de presuntos criminales responsables de genocidio que han llegado a tribunales internacionales. Casos tan sonados como los del presidente sudanés, Omar al-Bashir, el presidente liberiano, Charles Taylor, el ex primer ministro ruandés Jean Kambanda y el del líder serbio Radovan Karadzic, indican que hay una voluntad política creciente para actuar y un clamor por que se haga justicia.

Pero, ¿qué significa hacer justicia?, ¿quién debe hacerla y con qué procedimientos?, ¿qué penas son justas y legítimas? Son innumerables los aspectos en los que no existen consensos a nivel internacional y que, en la práctica, generan tensiones diplomáticas y conflictos entre tribunales nacionales e internacionales. Uno de los temas más polémicos que dividen de tajo al mundo es el de la pena de muerte. El número de países que la han erradicado por considerarla ineficaz o insostenible, en términos morales, ha aumentado en las últimas décadas. Todo parece indicar que a nivel de la comunidad internacional crecen las dudas sobre este tipo de penas, al punto de que la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado abiertamente a favor de una moratoria a nivel mundial y que 135 países la han abolido total o parcialmente de sus códigos penales. Quedan aún 62 países en los que la pena de muerte sigue vigente.

De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en 2007 hubo mil 252 ejecuciones en el mundo en 24 países y tres mil 347 sentencias de pena de muerte en poco más de 50 naciones. Pero el punto importante a resaltar es que se trata de una práctica minoritaria en el mundo. Son sólo cinco países los que concentran la mayoría (88%) de los casos de ejecuciones: China (470), Irán (317). Arabia Saudita (143), Paquistán (145) y Estados Unidos (42). Estados Unidos, como el líder histórico del “mundo libre”, se ubica claramente del lado de la minoría y con un grupo de países sin credenciales democráticas.

Para Estados Unidos el asunto es cada día más incómodo desde el punto de vista de su imagen internacional. Por una parte, la Unión Europea ha venido reactivando sus acciones en contra de la pena de muerte en todo el mundo; por la otra, el máximo órgano jurídico de la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ordenó a Estados Unidos suspender temporalmente la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en Texas, por incumplimiento a los compromisos de asistencia consular que establece la Convención de Viena de 1963. La negativa a suspender la ejecución del mexicano Ernesto Medellín dejó clara la materia de la disputa entre México y Estados Unidos: un tribunal local que, al aplicar sus leyes, incurre en violaciones a un tratado internacional y desconoce la orden de un tribunal internacional.

¿Cómo se ven las cosas desde Estados Unidos? Un estudio de Richard C. Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte, revela que en ese país la ciudadanía también ha venido perdiendo confianza en la pena de muerte. Hay dudas crecientes con respecto al riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas; otros cuestionan las bases morales de un castigo irreversible y desproporcionado que se parece más a un acto de venganza que de justicia; los más pragmáticos simplemente consideran que la pena de muerte ha demostrado su ineficacia como medida disuasoria y preventiva del delito.

La pérdida de confianza en la pena de muerte en Estados Unidos ha tenido consecuencias prácticas, como el notable descenso en las sentencias de este tipo en la presente década. En los 90 había un promedio de cerca de 300 sentencias de muerte al año. Según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2007 el número de sentencias a pena de muerte había descendido a 110, el punto más bajo de los últimos treinta años. En forma consistente con esta tendencia, también ha venido descendiendo el número de ejecuciones, de 98, en 1999, a 42, en 2007. La conclusión es clara: el apoyo social a la pena de muerte en Estados Unidos está cayendo.