La sensación de vulnerabilidad que acosa a los mexicanos es en gran parte consecuencia de la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico (que afecta crecientemente a ciudadanos inocentes y no sólo a los sicarios que “se matan entre sí”) y del repunte de la industria del secuestro. Por lo que parece natural que muchos ciudadanos respalden medidas extremas para derrotar o al menos inhibir a la delincuencia organizada, con vínculos y a veces origen en los aparatos de seguridad. Una encuesta recientemente divulgada por Consulta Mitofsky así lo reporta. Por ejemplo, 95% de los entrevistados se pronuncia por el incremento de las penas a los delincuentes, lo cual refleja que los ciudadanos tienden a creer que el problema radica más en el tamaño de la pena que en la eficacia para atrapar y procesar a los delincuentes que, como todos los datos disponibles reflejan, es casi inexistente. La tasa de impunidad, se ha dicho una y otra vez en estos días, oscila entre 97% y 99%, lo que constituye el mejor incentivo para los criminales con el fin de continuar sus lucrativas y poco arriesgadas (para ellos) actividades delincuenciales. Y quizá por esta errónea creencia (que mayores penas inhibirán a los delincuentes) Felipe Calderón consideró adecuado proponer la cadena perpetua para ofrecer a los ciudadanos un paliativo de emergencia. Propuesta que han cuestionado prácticamente la mayoría de los analistas y los expertos como demagógica pero que, según lo refleja la encuesta de Mitofsky, resulta creíble y aceptable para el ciudadano medio.

Ya más en concreto, 87% acepta la cárcel vitalicia para los delincuentes y un nada despreciable 75% estaría de acuerdo con la pena de muerte, tema sumamente controversial, no sólo debido a razones humanitarias (que a muchos ciudadanos ya les tienen sin cuidado a estas alturas), sino por la deficiencias del aparato de justicia, mismo que podría llevar a varios inocentes al patíbulo, de manera evidentemente irreversible (mientras que la prisión perpetua siempre podría revocarse, al demostrarse la inocencia de algún inculpado injustamente). Lo que sí me parece ya bastante claro es que la también humanitaria idea de la “rehabilitación” de quienes incurren en delitos graves es más un mito que una realidad (al menos en México, pues no podría hablar de otros países). La supuesta rehabilitación implica devolver a la sociedad a peligrosos delincuentes para que sigan haciendo de las suyas. Y si la medida parece extrema, entonces quienes piensen incurrir en alguno de los delitos que implicaran cárcel vitalicia, sin posibilidad de rehabilitación social, debieran pensarlo más veces antes de cometer el crimen en cuestión. Sobre advertencia no habría engaño. Claro, todo eso suponiendo que la eficacia de la justicia fuera tal que de verdad los criminales incorporaran en su cálculo personal una alta probabilidad de ser aprendidos y procesados legalmente, lo que hoy por hoy no es el caso.

Extraña, sin embargo, que 78% vea bien la instauración de retenes, cuando justamente éstos se han convertido en celadas de secuestros (como en el caso Martí) o de abusos y masacres, según ha sucedido en retenes militares puestos en carreteras nacionales. ¿Qué hacer frente a un retén? ¿Detenerse con el riesgo de ser secuestrado o inculpado injustamente de algún delito sembrado, para ser después víctimas de extorsión? ¿O seguirse de largo con el riesgo de recibir de inmediato una ráfaga letal de metralla? Me parece que, dada la corrupción e ineficiencia de nuestros aparatos de seguridad, llegó el momento en el que los retenes son más perjudiciales que beneficiosos para la seguridad pública. Pero eso no aparece aún en la conciencia de la mayoría ciudadana. También, la desesperación explica que 89% de encuestados vea como recomendable hacer justicia por propia mano. El razonamiento no puede ser más impecable: si los encargados de proteger a los ciudadanos son parte de quienes los extorsionan, secuestran, torturan y matan, al menos démonos la oportunidad de protegernos a base de armas en la casa o en el automóvil. Eso nos daría al menos una oportunidad de defensa frente a los delincuentes (y los policías-criminales). Y, por eso mismo, no debe extrañarnos demasiado —aunque nos horrorice— que eventualmente ciudadanos de colonias, poblados y comunidades tomen la justicia en sus manos y ejecuten de cruel forma a quien en ese momento consideran un delincuente (sea culpable o no, haya pruebas fehacientes de ello o no). Pero, evidentemente, eso nos aproxima a un estado de anarquía (la ley de la selva, todos contra todos).

Finalmente, otro dato alarmante pero entendible: según una encuesta telefónica de Excélsior (11/Ago/08), la mitad de los entrevistados aceptaría que se torture a secuestradores, y 68 %, que se castre a violadores. También se detecta que, por primera vez, la ciudadanía percibe que el gobierno federal ha perdido el control sobre la situación —y ni qué decir de los gobiernos estatales, en particular el capitalino—, algo que fue una constante durante la mayor parte del gobierno de Fox pero que Calderón logró revertir con su operativo policiaco-militar contra el narcotráfico. En suma, la sensación ciudadana es cada vez más que el Estado mexicano no puede cumplir con sus fines esenciales: proporcionar seguridad, orden y justicia a la sociedad. Pero si la clave no está en elevar las penas, sino reestructurar a las policías, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo evitar la propensión de varios agentes a la extorsión y al delito? Las declaraciones que hemos oído al respecto, por parte de autoridades locales y federales, no parecen convincentes, pues las hemos oído durante años y seguimos en lo mismo.