Turquía es considerada como la única democracia en el mundo islámico. A pesar de ello, el Partido Justicia y Democracia (AKP) en el poder desde 2002, se salvó, por un solo voto, de ser disuelto por el Tribunal Constitucional, bajo la acusación de que el primer ministro Recep Tayip Erdogan realiza actividades contrarias a los valores laicos de la república.

La sentencia del Tribunal ha puesto fin a la incertidumbre que se había apoderado del país, pero ha dejado abierta una puerta a posteriores actividades de orientación islamista. El AKP no será clausurado, es verdad, pero una mayoría de jueces pensaba que hubiera sido justo hacerlo y la totalidad de los once magistrados ha coincidido en que deberían condenar de todos modos la actividad de esta formación política con una multa.

Desde su creación en 1963, la Corte Constitucional ha clausurado decenas de partidos políticos bajo el argumento de defender el laicismo instaurado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kamal Ataturk. Pero el caso de la agrupación AKP es muy distinto a todos los anteriores, debido no sólo a su condición de partido gobernante, sino también a que obtuvo 47% de los votos a nivel nacional en las últimas elecciones y a que además es el primer impulsor del ingreso del país a la Unión Europea.

Por vez primera desde que el fiscal presentó el recurso ante el máximo tribunal en marzo pasado, Erdogan reconoció en una reciente entrevista que su partido ha cometido errores en el pasado, pero no especificó si incluía en los errores la nominación de Abdulla Gül como presidente, así como el levantamiento de la prohibición que pesaba contra el velo islámico en las universidades.

El año pasado, la nominación de Gül, quien era visto por los laicos como un representante del Islam político y cuya mujer utiliza el velo, provocó protestas masivas en varias ciudades turcas. Por otra parte, la decisión de poner fin a la prohibición del velo, impulsado por el AKP en enero pasado y anulada por la Corte Constitucional en junio, ha sido usada por el fiscal para demostrar que el gobierno impulsaba la ley islámica en el país.

Corresponde ahora al primer ministro Erdogan administrar esta advertencia. El actual sistema tutelado por el Ejército y la burocracia no da más de sí. Ha llegado para Turquía el momento de construir una verdadera democracia que se encamine a resolver los serios problemas de la república. Para ello, Erdogan tiene que calmar las aguas de la política y buscar el imprescindible apoyo de las fuerzas laicas, a las que ha de convencer con hechos que no tiene objetivos ocultos. Si, por el contrario, sigue pensando en asuntos similares al símbolo del uso del pañuelo islámico en lugares públicos, volverá a tensar las posiciones entre laicos y religiosos, lo que puede llevar al país a un serio enfrentamiento.

Turquía vivió una extraordinaria metamorfosis desde las ruinas del Califato hasta la modernización liberal. No fue una evolución sino una imposición. Sin embargo, en la medida en que el proceso democratizador avanza debe mantenerse esa línea. Como cualquier otro país de mayoría musulmana, los turcos viven la tensión provocada por una crisis general de identidad y por el surgimiento de ciertas corrientes, que buscan la vuelta al rigorismo.

Que el islamismo es una amenaza real para la democracia es algo evidente, tanto como que el régimen representativo puede abrir cauces que permitan su paulatina moderación y, sobre todo, que la sociedad asuma el sistema parlamentario como algo realmente propio y valioso.