La encuesta que se realizó ayer domingo en el Distrito Federal, así como la conclusión al debate sobre la reforma energética, alienta la cercanía a que se decida sobre el punto y que, por bien de la población, la decisión sea la mejor.

Es evidente la cantidad de datos arrojados por muchos organismos públicos y privados preocupados en el tema, y eso ya es una gran ganancia. Sin embargo, el tener tanta información y con diferente interés, a veces opuesto entre las mismas de expertos y no expertos, en lo personal me hace perderme un poco en el mar de la información existente.

Sin duda fue un buen ejercicio que no debe terminar con la decisión, sino al contrario, seguirla nutriendo con información cada vez más precisa.

Destaco en esta tarea personal de recabar y analizar la gran cantidad información disponible, la conclusión para mí es: renovarse o morir.

El acudir a la historia me dio un marco mucho más amplio. Por ejemplo, el hecho de lo que hoy se discute es a consecuencia de un 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas expropió a los ingleses y estadunidenses la industria petrolera, y que estos mismos participantes, se dé o no la reforma, serán los primeros ganadores, pero que paulatinamente también lo serán los trabajadores de la empresa y, luego, cada mexicano.

Si existe la reforma en los próximos días, veremos cómo se ha alcanzado una madurez mayor, no sólo en los pensamientos que se tenían de la unión de América del norte en 1994 o cuando ocurrieron los eventos catastróficos de 2001 en New York, sino al replantear un nivel más avanzado de cooperación entre los tres países que formalmente se expresó en 2005, acuerdos que hace no muchos meses se concretaron con el Plan Mérida.

Con esta reforma se estará cumpliendo con las recomendaciones de organizaciones internacionales, pero es ineludible también observar la pérdida de competitividad con empresas del mismo rubro en otras partes del mundo.

La realidad es que la tendencia de la capacidad de producción de la empresa más importante de México va con mayor fuerza a la baja y, por ello, es necesario un reajuste.

Los beneficios de esta decisión, en el Congreso de la Unión, deberán ser pensados para todos los participantes de la economía nacional: gobierno, empresas y familias mexicanas.