A raíz del último proceso electoral, Zimbabue ha entrado al momento económico, político y social más crítico desde su independencia hace veintiocho años. Se trata de uno de los veinte países más pobres del mundo, con un ingreso per cápita de 188 dólares, una inflación de 165 mil por ciento y una tasa de desempleo que ha alcanzado la cifra récord de 80%.

Desde el punto de vista social, la situación es todavía más alarmante. Entre 1990 y 2007, la esperanza de vida disminuyó de 60 a 37 años, el nivel más bajo a nivel mundial; la tasa de mortalidad infantil aumentó de 53 a 81 muertes por cada mil nacimientos. En una población de poco más de 13 millones de habitantes, se estima que casi dos millones de personas están infectadas con el virus VIH, lo que constituye hoy en día una crisis nacional de salud pública.

La gente en las calles se pregunta cómo es que el presidente Mugabe, después de haber conducido a su país a la ruina económica luego de casi tres décadas en el poder, pretende hacerle creer al mundo que ganó legítimamente su reelección.

La campaña de intimidación y violencia previa a las elecciones ejercida por el gobierno, llevó al candidato de la oposición, el ex líder sindical Morgan Tsvangirai, a retirarse una semana antes de las votaciones. La falta de condiciones mínimas de imparcialidad y libertad de expresión para una competencia electoral justa, restaron toda legitimidad al proceso, visto como una farsa por la mayoría de los actores de la comunidad internacional. Aunque la credibilidad de Mugabe está por los suelos, tanto a nivel interno como internacional, no hay consenso con respecto a qué hacer para detener la espiral de deterioro en la que se encuentra el país.

Muchos temen que, de no darse pronto una solución a la crisis política con la salida negociada de Mugabe y la formación de un gobierno de transición, la situación económica se agravaría aún más, hasta convertirse en una crisis humanitaria.

Y es que no sólo no hay empleo, sino que hay escasez de alimentos y de energía en todo el país. En este entorno de deterioro, de lo que más se queja la población es de la corrupción y del ambiente de intimidación política que les impide expresar abiertamente su descontento y hacer valer sus derechos en forma pacífica. Hasta ahora, sin embargo, pocos hablan de recurrir a la violencia como una respuesta para revertir la reelección de Mugabe; la mayoría le apuesta a una negociación entre el gobierno y la oposición.

Son muchos los intereses y los países afectados por la situación en Zimbabue. Los países vecinos, principalmente Sudáfrica, están siendo invadidos por una ola de inmigrantes indocumentados que huyen de la pobreza, la falta de empleo y la persecución política en su país. Las estimaciones más modestas indican que al menos tres millones de zimbabuenses residen actualmente en Sudáfrica, lo que a su vez ha generado reacciones violentas en distintas partes del país por parte de sectores populares que temen perder sus empleos.

Sudáfrica ha sido, hasta el momento, la pieza clave del tablero geopolítico regional, pero está perdiendo peso. El presidente sudafricano Thabo Mbeki ha optado por el camino de la llamada diplomacia silenciosa, que consiste en evitar críticas y sanciones al gobierno de Mugabe y ofrecer su mediación entre las distintas fuerzas políticas de ese país, con el propósito de lograr un acuerdo nacional orientado a la formación de un gobierno de unidad nacional y el diseño de un programa de rescate económico.

La diplomacia sudafricana ha sido motivo de numerosas críticas, no sólo porque parece arropar a un gobierno con pocas credenciales democráticas, pésimo expediente en materia de derechos humanos y, sobre todo, que ha llevado la situación económica y social al borde del precipicio. Otros vecinos como Zambia y Botswana han comenzado a jugar un rol más activo para aumentar la presión sobre Mugabe a través de la Comunidad Sudafricana para el D esarrollo (SADC, por sus siglas en inglés), la principal organización subregional.

Todo indica que el verdadero reto está en lograr que la comunidad internacional desempeñe un papel constructivo en Zimbabue. La imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está temporalmente bloqueado por la falta de consenso entre los miembros permanentes.

Las acciones multilaterales, a nivel regional, para propiciar un acuerdo político en Zimbabue pueden ser un instrumento efectivo que ayude a solventar la crisis actual. Sin embargo, lo que se plantea al final es cómo conciliar los intereses entre los nacionales que lograron la independencia, que son mayoría y pobres; con los anteriores dueños del poder y la riqueza, en este caso los ingleses. Lo importante, en este punto, sería impedir que la crisis se siga profundizando.