En estos días he oído y leído que la democracia implica aceptar la derrota, aun una poco clara o incluso producto de un fraude. Eso hizo Al Gore en 2000, cuando George W. Bush ganó sin haber ganado, en una elección poco pulcra. En cambio, no lo hizo así Andrés López Obrador en una elección muy parecida, en 2006. Sin embargo, mucho me temo que esto va más allá de las características personales de Gore y López Obrador, sin desconocer sus diferencias. Todo indica que es la historia, la cultura política y las instituciones de cada país las que generan buenos o malos perdedores electorales. De tal modo que en Estados Unidos no sólo generó a Gore, sino antes de él a Richard Nixon, al aceptar un veredicto cuestionado en 1960 y, mucho antes, a Samuel Tilden, en 1876, también víctima de un fraude. Y eso no se debe a que ésos y otros perdedores fueran demócratas congruentes (Nixon demostró después que no lo era). En ese país se ha forjado la “regla no escrita” de aceptar derrotas poco claras por la presión de los patrocinadores políticos, grandes empresarios que prefieren ver perder a su candidato que poner en riesgo la estabilidad política. Y sus apadrinados saben que, de rebelarse, no contarán en el futuro con ese esencial apoyo. Así se lo hicieron saber a Tilden: “Los hombres de negocios demócratas del país tienen más necesidad de tranquilidad que de Tilden”.

En cambio, México genera malos perdedores. No sólo López Obrador, sino también Cuauhtémoc Cárdenas. En 1988 no se puso una banda presidencial, pero sus partidarios le llamaron “presidente legítimo” todo ese sexenio. Tampoco aceptó el veredicto en 1994 (pese a haber quedado en tercer sitio, sin un monumental fraude a la vista). Mucho antes tenemos a José Vasconcelos, Juan A. Almazán y Miguel Henríquez Guzmán, que no aceptaron de entrada su derrota (producto también de fraudes, desde luego). Pero los malos perdedores no han surgido exclusivamente de la izquierda o del priismo rebelde. También los ha habido en las filas del PAN (aunque ya nadie en ese partido lo recuerde, pues el poder provoca alzheimer).

Por ejemplo, Vicente Fox había preparado en 2000 una enorme movilización —con respaldo de su partido— en caso de perder por un margen menor de 3%. Jesús Silva Herzog Márquez preguntaba entonces, con toda razón: “¿Puede alguien imaginar a Fox aceptando su derrota en la madrugada del 3 de julio?” (17/I/2000). Y eso que ya teníamos un IFE autónomo y consensuado, así como un Tribunal Electoral con plenas facultades. La movilización foxista no se dio porque el voto popular favoreció al ranchero por amplia ventaja. Pero ya antes había mostrado su poca disposición a reconocer derrotas electorales. Aún en 1988, aunque no eran él ni su partido los directamente afectados, dio pataleos contra el veredicto oficial. Recuerda al respecto: “Fuera del Congreso, trabamos los brazos y marchamos por la calle. Adoctrinados en la resistencia pacífica, caminamos lentamente, lo necesario para impedir el tráfico... Tomamos por asalto la tribuna, a puñetazos nos abrimos paso hasta el podio… Nuestra plataforma era: anulación… Me propuse volverme el enemigo número uno del gobierno”. Con mayor razón lo hizo cuando directamente fue víctima de trapacerías en 1991, en Guanajuato: “Nos apoderamos del aeropuerto internacional de las afueras de León y ocupamos edificios del gobierno… Pronto, por todo México el tráfico se detuvo y la nación hizo alto, en silenciosa rebelión” (La revolución de la esperanza, 2007). Y todo ello lo relata Fox, no con el “arrepentimiento del demócrata” que rompió la regla básica de aceptar las derrotas (provocadas por las buenas, las malas o como sea), sino con el orgullo de quien no se dejó ante las triquiñuelas del gobierno. Felipe Calderón, por su parte, tras perder en Michoacán la gubernatura en 1990, con casi 20 puntos porcentuales de distancia, se negaba a reconocer su derrota si antes no se hacía un recuento “acta por acta”. Dicen muchos —incluido Fox— que entonces todo eso se justificaba frente a la hegemonía semiautoritaria del PRI, pero que, a partir de 2000 ya no, porque desde entonces gozamos de una genuina democracia. Es uno de los mitos políticos vigentes contemporáneos, que ha demostrado ser falso al menos desde 2004.

Pero otros países generan perdedores, no sólo rijosos, sino violentos. Está fresco aún el caso de Kenya, donde el opositor Raila Odinga, al perder la elección del año pasado frente al presidente Mwai Kilabi y, ante la negativa de un recuento “voto por voto”, encabezó un movimiento violento que cobró miles de muertes y casi medio millón de desplazados. El conflicto terminó cuando Kilabi aceptó compartir el poder con Odinga. Y hace muy poco, en Zimbaue, el perdedor de la primera ronda electoral, el perpetuo presidente Mugabe, decidió preservar el poder a golpe de violencia y amenazas a sus opositores y los orilló a retirarse de la segunda vuelta (temerosos por su integridad física). Puede entonces inferirse que los buenos perdedores son más el producto de instituciones y prácticas forjadas pacientemente por la historia, que de la personalidad de los candidatos. Podría afirmarse, sin demasiada exageración, que “cada país tiene el tipo de perdedores electorales que se merece”. ¿Tendremos que esperar siglos para poder forjar buenos perdedores de comicios desaseados e inciertos? Si fuera así, ya nadie alcanzaría a verlo. Sin embargo, hay vías más cortas: fórmulas electorales que reducen la probabilidad de elecciones reñidas y evitan que anomalías e irregularidades —dolosas o no— afecten la certeza del resultado final. Tales fórmulas existen y bien podrían adaptarse a nuestras peculiares y no muy democráticas circunstancias políticas.