La Suprema Corte de Estados Unidos ha jugado un papel central de contrapeso y contención de las doctrinas jurídicas detrás de las políticas extremistas de la administración Bush en su guerra contra el terrorismo, en particular, el trato que se da a los extranjeros sospechosos de ser terroristas.

Desde la perspectiva del presidente Bush, sus políticas de detención y confinamiento por tiempo indefinido son necesarias y se justifican en aras de la seguridad nacional del país. De igual manera se justifica el uso de métodos extremos para interrogar a los prisioneros, que a la vista de muchas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, rayan en la tortura.

El debate legal en EU y en Europa sobre la situación de los 270 detenidos en la prisión de Guantánamo es un asunto central para la legitimidad de las democracias consolidadas del mundo y que rebasa por mucho este caso particular. El tema de fondo es cómo lograr el equilibrio entre tres principios básicos —seguridad, libertad y justicia— que todo gobierno democrático está obligado a proteger a fin de dar certidumbre jurídica a sus ciudadanos, inclusive en situaciones extremas de guerra convencional o no convencional como el terrorismo. El filósofo chino de la guerra Sun Tzu ya advertía hace siglos sobre la necesidad de todo gobernante de tratar con respeto y dignidad a sus enemigos, si quiere evitar futuros riesgos a su legitimidad y autoridad moral.

En tres ocasiones distintas (2004, 2007 y 2008), el máximo tribunal ha fallado a favor de reconocer los derechos a un juicio justo y debido proceso que tienen los detenidos en la base naval de Guantánamo. La mayoría de ellos es de origen paquistaní o afgano. Llevan cerca de seis años confinados sin tener un estatus legal claro que les permita contar con cierta protección, en términos del derecho internacional de acuerdo con las Convenciones de Ginebra o del marco jurídico nacional. Como los llamados “combatientes enemigos” no son considerados prisioneros de guerra ni delincuentes, a la fecha no han sido juzgados debidamente ni han contado con la protección legal de sus respectivos gobiernos ni tampoco han sido deportados a su país. Se encuentran, pues, en un auténtico limbo legal.

La posición de la Casa Blanca ha sido la de llevarlos a juicio ante cortes militares, principalmente a aquellos que son supuestamente responsables directos de los atentados terroristas del 11 de septiembre. El argumento legal es que, dada su peligrosidad y el riesgo que representan, no pueden ser confinados en cárceles civiles y deben estar bajo estricto control militar. En 2006, el congreso de EU avaló esta posición al promulgar la Ley de Tribunales Militares que autorizaba que los sospechosos de terrorismo de Guantánamo fueran procesados por tribunales militares. Hasta ahora, únicamente diez personas han sido sometidas a este tipo de procesos, pero la gran mayoría se encuentran en una situación de total indefinición.

Sin embargo, la última decisión judicial de la Suprema Corte del 12 de junio pasado ha echado por tierra los planes del presidente Bush de poner fin a este vergonzoso asunto antes de dejar el poder. Al reconocer el derecho de habeas corpus de los prisioneros, la Suprema Corte les ha abierto la puerta para que puedan apelar, en principio, su detención ante cualquier corte federal de los Estados Unidos.

Las repercusiones del fallo son importantes y de largo alcance, pues no sólo se declaran inconstitucionales los juicios militares a este tipo de detenidos, sino que además se establece un conflicto de posiciones entre los tres poderes. Se trata de una larga batalla legal que difícilmente habrá de resolverse en los próximos meses. A pesar de que tanto McCain como Obama se han pronunciado a favor de cerrar Guantánamo, no está claro aún qué trato darán a los prisioneros. Un problema más entre muchos que Bush heredará a quien quiera que sea su sucesor.