Supongo que nadie desea que se repita la lamentable experiencia de la última elección presidencial, la cual provocó un grave retroceso en la credibilidad electoral (que probablemente se expresará en un gran abstencionismo el año que viene). Nadie quedó con un buen sabor de boca, ni quienes votaron por Felipe Calderón, por Andrés López Obrador o quienes lo hicimos por otras opciones. Pero si el principal problema de esa elección fue un resultado tan cerrado que difícilmente se podía alcanzar la certeza sobre cuál fue la voluntad ciudadana —pues bastaba un reducido nivel de anomalías o irregularidades para opacarla—, nada impide que volvamos a caer en una situación semejante en el futuro inmediato. Pues una vez habiendo entrado en el área de alta competencia partidista, ese escenario podría repetirse una y otra vez. Hace algunas semanas preguntaban en la mesa de análisis Tercer Grado (a propósito de los asesinatos del cardenal Posadas o de Luis Donaldo Colosio) por qué muchos episodios de nuestra historia reciente resurgen una y otra vez, como cadáveres insepultos. Me parece que la explicación radica en que, en su momento, no fueron debidamente esclarecidos. Quedan sin despejar múltiples dudas e incógnitas, y prevalecen sospechas de ocultamiento deliberado de la información. Es como cerrar una herida dejando las tijeras adentro; inevitablemente la llaga volverá a sangrar. En el caso de los comicios de 2006, ocurre algo semejante. Prevaleció la opacidad por encima de la transparencia.

Pero más allá de los agravios no resueltos, el esclarecimiento del pasado es punto de partida para no caer otra vez en el mismo pantano. Si se asume que los partidos y candidatos (así como el propio gobierno y su irresponsable jefe, Vicente Fox) incurrieron en conductas indebidas, y que las autoridades electorales tomaron decisiones sospechosas y omisiones injustificables, debiéramos aprender de ello para evitar otra elección tan complicada —o incluso más— en el futuro inmediato. La normatividad vigente en 2006 no era la mejor para resolver un empate técnico, en donde el inevitable margen de inconsistencias y anomalías impedía saber quién fue el ganador, si bien las autoridades electorales —el IFE y el TEPJF— quedaron muy por debajo de sus facultades legales para transparentar al máximo posible la elección. La estrategia del PAN consistió en abrir y revisar el menor número de paquetes electorales; el PRD exigía el recuento de 100% de los paquetes electorales. Las autoridades electorales debieron haber favorecido la certeza, dentro de lo permitido legalmente. De acuerdo con el Cofipe —según determinó el Tribunal— el IFE debió abrir los paquetes cuyas actas registraban inconsistencias (64% de las 130 mil casillas instaladas). Y, sin embargo, entre ambas instituciones sólo se abrió o revisó 12%, es decir, menos de una quinta parte. Por la razón que haya sido, sus decisiones terminaron por privilegiar la estrategia del blanquiazul, lo que inevitablemente pone en entredicho su imparcialidad. Además, el Tribunal Electoral hizo un trabajo poco exhaustivo, desaseado, improvisado y pleno de sospechosas contradicciones y cambios de criterio. Pese a que era imposible conocer la voluntad del electorado, se obsequió la victoria a Felipe Calderón (como hizo la Suprema Corte de Estados Unidos con George W. Bush en 2000).

Pero el mal desempeño en México se premia. Así, la ex magistrada Alfonsina Navarro recién recibió la medalla Ignacio Vallarta por su trayectoria. En la ceremonia correspondiente, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exaltó el profesionalismo e integridad de la galardonada: “Para acceder a esta presea, se requiere de buena reputación, de un expediente intachable, de un desempeño sobresaliente y honorable, además de un profundo arraigo de los principios, valores morales y normas que rigen nuestra función” (26/Junio/08). Pero si el presidente de la Corte revisara con detenimiento la labor de la ex magistrada en 2006, seguramente sería menos pródigo en sus elogios. Probablemente, la de 2006 se recordará como la “elección incierta”, dado que su documentación oficial —única con valor probatorio— no permite saber con certeza por quién se inclinó el electorado. Desde luego, pese a ello, cada ciudadano puede seguir alimentando su propio mito sobre quién ganó, si eso le hace sentir mejor. Con todo, hace falta un ajuste en la normatividad para reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades en lo que hace al escrutinio, cómputo y recuento de los votos. Y cabe insistir, una vez más, en que los remedios introducidos en la reforma al Cofipe este año para resolver el problema de la certeza y la transparencia electorales, son absolutamente insuficientes. Como la fórmula mexicana para determinar al ganador de la presidencia consiste en computar el voto directo de los ciudadanos en una sola demarcación nacional, de nada sirve practicar un recuento total sólo en los distritos legislativos donde se registre un empate, como lo estipula la nueva norma. Eso sería lo adecuado si el presidente se determinase a partir del mayor número de distritos legislativos ganados. Pero no es así (desafortunadamente, pues es una fórmula muy práctica). De haber estado vigente la nueva norma en 2006, sólo se hubiera podido realizar un recuento total en tres de los trescientos distritos (el uno por ciento). ¿Eso bastaría para despejar las dudas y depurar debidamente los votos irregulares? Evidentemente no. Nos quejamos de la incertidumbre, la falta de consenso, la merma de la legitimidad y la polarización derivados de la elección de 2006, pero no tomamos las medidas necesarias para prevenir otro tropiezo semejante. Después del niño ahogado… el pozo permanece abierto. Típico de un país descuidado y muy poco racional.