Con todo lo lamentables que son los sucesos en el News Divine, no deberían resultar tan sorpresivos. Desnudan muchos de los males que permean a lo largo y ancho de la sociedad y a la administración pública mexicanas: negligencia, corrupción, improvisación, desorganización, ambiciones desmedidas, turbias complicidades entre autoridades y empresarios, la ineptitud de los cuerpos policiacos —muy malos para proteger a la ciudadanía, pero muy buenos para extorsionarla— y su propensión a violar los derechos humanos a la primera oportunidad para ello. Esos vicios flotan por todos lados; las tragedias como la de ese antro juvenil fácilmente pueden surgir cuando varios de ellos confluyen, como sucedió la semana pasada. Y ese es el problema, que todo lo que exhibió ese triste suceso no es excepcional, sino habitual de nuestra vida pública —y, desafortunadamente, no sólo la capitalina—. Si tales males no generan permanentemente otros episodios como ése, es porque de manera aislada no alcanzan a provocarlos, sino hasta que se combinan bajo ciertas circunstancias. Desde luego, para variar, debiera haber un claro deslinde de responsabilidades y auténtica rendición de cuentas, lo que rara vez vemos en nuestro país (aquí eso es una excentricidad).

Con todo, uno de los muchos elementos que explican este lamentable desenlace es la forma en que hemos enfocado el problema de los enervantes y narcóticos ilícitos (el alcohol, en el caso de los menores, y las drogas, para todas las edades). Lo del News Divine seguramente no hubiera ocurrido, pese a todos los desperfectos de nuestra cotidianeidad, si no se clasificara el consumo de drogas ilícitas como un delito, sino como un problema de salud pública. Si había quejas de que en el antro se vendían drogas y  alcohol a los menores, lo procedente hubiera sido reunir las pruebas pertinentes (a través de agentes encubiertos, como los había) y proceder a su clausura y detención de los dueños. Pero al considerar como delincuentes en activo a los jóvenes ahí reunidos (así hubiesen consumido alcohol siendo menores, o incluso algún tipo de droga ilegal), entonces el operativo tenía como fin detener y penalizar a esos muchachos. Cosa por demás absurda. Quienes fallecieron quizá podrían haber ingerido drogas y alcohol y, sin embargo, llegar a viejos. No fueron las drogas quienes terminaron con su vida, sino la estupidez de un esquema absolutamente irracional. ¿Las víctimas inocentes de la guerra contra el narco son más que quienes fallecen por ingerir drogas? Sería interesante saberlo, y medir a través de esa lente lo racional o irracional del enfoque mexicano al consumo de estupefacientes.

No se trata aquí de reducir la responsabilidad de las autoridades capitalinas en este hecho, apelando a un problema general del cual no está exenta ninguna entidad federativa ni la República como tal. No, los responsables deben pagar de la manera más severa posible su ineficacia, torpeza e insensibilidad. Pero lo ocurrido debiera también darnos elementos para revisar nuestra política contra las drogas, en este caso, al menos, en lo que hace a su consumo. Es absurdo penalizar como delincuentes a quienes ingieren los enervantes, pues, además, en operativos que tienen ese propósito —como el que nos ocupa— son afectados muchos cuya única falta era buscar diversión sana y legítima. Y en dicha reflexión debieran participar los gobiernos de todo el país y, desde luego, el federal, que lleva la batuta en tan absurda empresa (al menos en lo referente al consumo de drogas, lícitas o ilícitas). Probablemente por eso los policías involucrados en el operativo creyeron estar frente a jóvenes delincuentes y, como es su costumbre, se sintieron autorizados a robar, golpear y vejar a los detenidos.

El asunto, como era de esperar, adquirió de inmediato un sesgo político. Lo cual es inevitable, pues eso de no politizar las tragedias sociales —donde desde luego hay responsables con nombre y apellido— quizá ocurra en otro planeta. Hasta cierto punto, es parte del procedimiento de rendición de cuentas: si los gobiernos de un partido determinado tienden a proteger a los suyos, entonces la oposición —y la ciudadanía en general— debe insistir en que se llame a cuentas a los responsables directos. Sobre todo en un país donde la impunidad es la regla. El problema es, desde luego, que quienes exigen cuentas a los miembros de un partido específico (o de un gobierno emanado de él), a su vez protegen a sus correligionarios cuando se hallan en situaciones similares. Quienes están detrás de una bandería u otra miden con doble rasero. Son incapaces de hacerlo con uno solo. De ahí lo conveniente de la pluralidad política, porque al menos habrá un mayor contrapeso que cuando predomina un solo partido (aunque la pluralidad, en sí misma, no basta).

Ante el embate que sufre el gobierno capitalino —fundado, por supuesto, aunque no equivalente, al provocado por abusos cometidos por otros gobernantes—, a Marcelo Ebrard le conviene reaccionar adecuadamente ante este huracán político. Si se comporta como sus homólogos del PRI y el PAN (y muchos del PRD, desde luego), intentando que prevalezca la impunidad por encima de la rendición de cuentas, entonces cargará este lastre político sobre sus espaldas, al demostrar que no es muy diferente del gobernante mexicano promedio. Lo que se busca al llamar a cuentas a los torpes, negligentes, corruptos y abusivos, no es sólo hacer justicia, sino sentar precedentes que aseguren a los demás funcionarios —y los que vengan— que sus descuidos y abusos serán penalizados, política o legalmente, según el caso. Algo que escasea en nuestro país, pero que es urgente si aspiramos a salir del pantano de ineficiencia e impunidad en que históricamente hemos vivido.