La credibilidad de las autoridades electorales federales, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue minada por un deficiente desempeño en los comicios de 2006 y decisiones que no privilegiaron la certeza, sino la estrategia de uno de los contendientes (el vencedor oficial, evidentemente). Mucho de lo que se había ganado en credibilidad electoral durante las décadas previas se perdió tras la elección más disputada de nuestra historia moderna. Ahora debemos recorrer ese camino de nuevo, pero con más inconvenientes. Y es que la confianza, como todos lo saben, es muy difícil de construir y muy fácil de perder. Y, una vez perdida, resulta más complicado recuperarla. Sucede como con la infidelidad conyugal: al ser constatada la existencia de ésta, la parte afectada del matrimonio no volverá tan fácilmente a confiar en su cónyuge.

Algo parecido ocurre con los procesos y las instituciones electorales. Antes, la desconfianza electoral se concentraba en el PRI; ahora, se ha extendido al PAN, que muy pronto claudicó de su viejo y aparentemente firme compromiso democrático, y al PRD, cuyas dos vertientes fundacionales en realidad nunca fueron precisamente devotas de la democracia política. Y, de los partidos pequeños, ni qué decir. Ahora ya nadie duda de que los partidos, al disputarse el poder, se convierten en una jauría voraz. Y precisamente de ahí la importancia de las autoridades electorales, diseñadas para frenar con eficacia e imparcialidad el ímpetu y las tentaciones de los contendientes en cuanto a violentar la voluntad ciudadana. Si muchos ciudadanos dudan de que tales autoridades puedan o quieran cumplir esa función, la credibilidad electoral se pone en tela de juicio. Esa era la percepción predominante en tiempos del PRI; cambió radicalmente entre 1994 y 2003 y, a partir de entonces, vino nuevamente el declive, que culminó en la elección de 2006. En los estados, los institutos electorales sufren igualmente de problemas de credibilidad: en algunos casos, por corrupción documentada (como ocurrió en el Estado de México durante la más reciente elección para gobernador) o por su dependencia a los partidos (en Jalisco, se sustituye a los consejeros por haber multado a los partidos).

Me parece que una de las fuentes actuales de la desconfianza en las autoridades electorales es la forma en que son nombrados los consejeros, es decir, a través de los partidos que, salvo excepciones, desconfían de los ciudadanos imparciales y apuestan por quienes muestran afinidades o aceptan compromisos explícitos de lealtad partidaria. Hemos visto ya varias represalias políticas contra quienes se alejan de ese formato. Y también ha habido muchos que usan la autoridad electoral como trampolín político-partidista. ¿Cabe la sorpresa ante la falta de confianza hacia tales institutos? De tal manera que, mientras sean los partidos los que nombren a sus propios árbitros (así revistan dichos procedimientos con un barniz de “amplia consulta ciudadana”), la credibilidad de la autoridad electoral irá a la baja. Quizá cuando ésta toque piso, entonces los partidos se verán orillados a renunciar a ese privilegio para dejarlo en organizaciones civiles especializadas en materia electoral (colegios profesionales, universidades, asociaciones cívicas, etcétera). Pero falta mucho para eso.

Mientras tanto, las autoridades electorales deberán ganar su credibilidad a fuerza de desempeño: mientras más comprometidas se vean con la legalidad y la imparcialidad y menos con sus lealtades partidarias o sus elevados salarios, mejor. En el caso del IFE, la renovación de tres nuevos cuadros —de los cuales sólo conozco a Alfredo Figueroa, quien cuenta con un excelente expediente electoral, así como vinculación con las organizaciones cívicas y distancia suficiente de los partidos— permitirá quizá refrescar el ambiente. Pero el IFE enfrenta una enorme sobrecarga bajo la nueva legislación electoral, que podría rebasarlo. En particular, hemos visto la dificultad que implicará cumplir cabalmente la prohibición a que los partidos incurran en campañas negativas. Pese a que las “guerras de lodo” me parecen deplorables, su prohibición legal es un peor remedio que la enfermedad, pues se prescinde de la información que puede aportarse en la denuncia fundamentada de los adversarios. Y hemos visto lo complicado de clasificar si una frase o una expresión denigran a un partido o a una institución, en vez de dejar a los ciudadanos evaluar y calificar lo que los partidos se dicen entre sí, y votar en consecuencia (o no votar). Ese aspecto de la ley generará una gran presión sobre el IFE, al que no le queda más que cumplirla según su saber y entender.

Por su parte, el Tribunal Electoral, quien tuvo un lamentable desempeño en 2006 (después de diez años de una trayectoria más que aceptable), se anotó un buen punto al echar abajo las argucias de Alberto Begné para apoderarse de mala manera del Partido Alternativa Socialdemócrata. El domingo pasado, en condiciones de una restaurada civilidad (ya sin porros de por medio), triunfó la corriente de Patricia Mercado en el Distrito Federal. Falta por ver qué ocurre durante la Asamblea Nacional. El que quedó sumamente enlodado en este episodio fue el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al haber avalado la asamblea porril bajo el surrealista argumento de que los agredidos pudieron retornar a ella como si nada hubiera pasado. Se valía agredir, mas no evadir la agresión. Así pues, es la eficiencia y la imparcialidad de las autoridades electorales federales lo que puede regenerar su respectiva credibilidad. Pero eso no se logrará de la noche a la mañana, vistos sus deficiencias y sus sesgos en 2006.