Los ciudadanos irlandeses dieron un rotundo no al Tratado de Lisboa, poniendo en una situación bastante crítica a la Unión Europea (UE). Y es que el futuro inmediato se mira con cierta alarma, pues este mismo año se encuentran pendientes los procesos de ratificación del Tratado en otros ocho países. A diferencia del caso irlandés, en estos casos no habrá consultas populares sino que serán los parlamentos quienes tomen la decisión.

A pesar de esto, hay temor de que el euroescepticismo irlandés contagie a otros países o que las oposiciones parlamentarias vean en el debate sobre la ratificación una oportunidad para ganar jugosos dividendos políticos. Los irlandeses no son los únicos ciudadanos europeos que ven con cierto escepticismo los términos en los que sus gobiernos y élites políticas han venido construyendo a la UE y que están decididos a poner freno a un proceso que nos les gusta, pues no creen que los represente en forma adecuada.

El Consejo Europeo está reunido hoy en Bruselas para buscar salidas a esta crisis. Las opiniones sobre qué hacer están divididas. Los gobiernos que enfrentan procesos de ratificación en puerta como el Reino Unido, Polonia y la República Checa se inclinan por no seguir, pues temen salir derrotados. Otros, como la Francia de Sarkozy y la Alemania de Merkel, consideran que lo mejor será continuar la agenda de ratificaciones, pues esperan que, al final del año, el Tratado habrá sido aprobado por 26 países y que Irlanda tendrá entonces que reconsiderar su posición si no quiere quedarse aislada del resto de sus socios.

¿Cuáles son las razones del no irlandés? ¿Qué está realmente detrás del 53.4% de votos de rechazo: consideraciones ideológicas y nacionalistas o un cálculo racional? Hay indicios de que se trata de un rechazo al establishment europeo, no a la integración de Europa. Los líderes irlandeses más populares del no, como el empresario Ganley, han insistido que el resultado del referéndum “no es un voto antieuropeo” sino a favor de una Europa más democrática y transparente. En el fondo, los irlandeses se niegan a otorgar más competencias a las instituciones europeas cuando perciben que su país tendría menos influencia en el Consejo de la UE, donde, de aprobarse el Tratado, las decisiones dejarían de tomarse por unanimidad y se aprobarían por mayoría calificada.

Además del lento crecimiento económico, un motivo adicional de descontento en Irlanda y en otros países europeos, es el creciente involucramiento de los países de la Unión en operaciones militares en el extranjero de dudosa pertinencia y eficacia a los ojos de los ciudadanos. Hay serios cuestionamientos al despliegue de tropas europeas no sólo en Afganistán e Irak sino también en Darfur, Timor del Este, el Congo, por mencionar sólo algunas de las operaciones más recientes. Un reporte del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de abril de 2008, indica que si bien el gasto militar europeo aumentó ligeramente (3%) de 2001 a 2006, las mayores tasas de crecimiento se concentran en pocos países, en particular, el Reino Unido, donde crecen las demandas ciudadanas por un repliegue militar.

El caso irlandés suscita también reflexiones con respecto a las ventajas y desventajas de las formas de democracia directa para tomar decisiones en asuntos de vital importancia. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado desde el punto de vista de representatividad democrática para ratificar los tratados y compromisos internacionales que negocian los gobiernos: los parlamentos o los pueblos? Hay un acalorado debate político y académico sobre el tema que divide profundamente a los europeos. Para los partidos minoritarios y parte de la izquierda europea, el proceso de integración requiere de la participación directa de los ciudadanos y no puede dejarse sólo en manos de las élites.

Para otros, las consultas populares resultan inaceptables y antidemocráticas porque conllevan el riesgo de que un número muy reducido de personas de un pequeño país, en este caso Irlanda, decida el futuro de 500 millones de personas en otros 26 países. Otra fuerte crítica se refiere a la dificultad para aclarar ante los ciudadanos la materia precisa sobre la que versa la consulta sobre todo cuando se trata de ratificar o no un texto tan complejo, como el Tratado de Lisboa, de cuatrocientas cuartillas que nadie conoce ni ha leído ni entiende. Un debate de gran actualidad para México en estos momentos en los que el país discute un asunto tan vital y complejo como la reforma energética.