Si alguien sabe de petróleo en México, ése es Adrián Lajous. Ha dedicado su vida profesional al tema. Fue director general de Pemex escalando puestos en la empresa. Actualmente viaja por el mundo como asesor en temas petroleros. Como es tradición de su familia, Lajous es un individuo inteligente, preparado y honesto. Cuando tiene que decir una verdad incómoda, la dice. Esta semana le tocó participar en el foro sobre la reforma petrolera en el Senado. Y vaya que dijo cosas importantes.

Habló, por ejemplo, del gran ausente del debate, del elefante blanco que está en medio de la sala pero nadie quiere hablar de él. Me refiero al sindicato petrolero. Dijo Lajous: “No está en duda el carácter confiscatorio del régimen fiscal al que se ha sometido a la empresa petrolera estatal. Sin embargo, para la empresa siempre fue más fácil —y cómodo— culpar al gobierno de las restricciones financieras y regulatorias que incidían en su quehacer cotidiano, que asumir la responsabilidad por fallas en la gestión interna de la empresa. Dadas estas restricciones, el desempeño de Pemex siempre pudo ser significativamente mejor. Hubiera sido importante que el Diagnóstico [que presentó el gobierno sobre la industria petrolera] abordara de frente asuntos relacionados con la administración y capacitación de los recursos humanos de la industria petrolera, así como los que se refieren a la naturaleza de las relaciones laborales. El sindicato petrolero ha logrado apropiarse directamente de una parte de la renta económica del petróleo a través de remuneraciones y prestaciones generosas, y a altos niveles de sobreempleo. También ha contribuido a disipar renta económica al exigir e imponer prácticas laborales que afectan la eficiencia operativa de la empresa”.

No por nada el ex director de Pemex alertó sobre el riesgo de darle una mayor autonomía de gestión a la empresa “sin cambios más amplios en materia de regulación y en los patrones de captura y distribución de la renta económica del petróleo. La composición y estructura de los órganos de gobierno son asuntos poco trascendentes si no se modifican sus poderes de decisión y la naturaleza de las relaciones con el gobierno y con el sindicato petrolero”.

Lajous apoya la propuesta de contratos de servicios incentivados para la exploración y explotación de aguas profundas. Menciona, sin embargo, que “algunas de las grandes empresas internacionales ya han expresado su desilusión ante una propuesta que sólo contempla” este tipo de contratos. En realidad, como lo mencionó en su ponencia, no son los mecanismos contractuales más eficaces y transparentes. Pero cualquier otra propuesta implica una reforma constitucional.

También está de acuerdo con “otorgar mayor flexibilidad a Pemex en la contratación de obras y servicios”. Y apoya la iniciativa “que amplía el ámbito de la participación privada en los sistemas logísticos de la industria petrolera”. Sin embargo, para que esto funcione, propone otorgar una mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía y robustecer sus atribuciones.

A Lajous, en cambio, no le gusta “el esquema de maquila al que se sujetaría la inversión privada en refinación”. Prefiere “hacer las reformas constitucionales del caso, dado el rezago histórico acumulado en este ramo de actividad. Sólo mediante inversión privada complementaria podrá reducirse, en un plazo aceptable, la participación de las importaciones en el suministro interno de combustibles automotrices”.

Y también advierte que con la reforma que propone Calderón, “Pemex corre el riesgo de sufrir una peligrosa sobrecarga de objetivos y de programas, que afectaría el sentido de dirección y de prioridad de sus actividades”.

Ahí están, pues, las opiniones de un experto que sí sabe de petróleo.