El dramático caso de Italia, donde en las últimas semanas se han sucedido serios como violentos ataques contra campamentos de gitanos en Roma y Nápoles, ha destapado una nueva situación de racismo hacia una comunidad casi siempre estigmatizada.

Entre las numerosas promesas formuladas por Silvio Berlusconi para volver a conquistar el poder en Italia, figuró entre las principales el encontrar una “solución drástica” para acabar con la inmigración ilegal en su país.

Berlusconi, al vencer al centro izquierda, ha conformado un gabinete acompañado por algunas conocidas figuras de la extrema derecha. En la jefatura de Roma ha elegido a Gianni Alemanno, quien se adhiere melancólicamente al orden fascista. Los analistas consideran que esta ola de xenofobia, racista y extremista, surgió a partir del vacío que dejaron cuatro décadas de culturas políticas polémicas en dicha nación.

Esta ultra derecha antiinmigración, por lo que se ve, está dispuesta a revertir el pasado y consolidarse en la posición por muchos años. Lo que a todas luces llama la atención es la similitud de estrategia de la ultraderecha italiana y la actitud de otros gobiernos europeos. Se calcula que en Europa se encuentran en estos momentos unos doce millones de inmigrantes en situación irregular, cuyo destino debería ser la expulsión a sus países de origen. Los gobiernos de los Veintisiete acaban de apoyar la controvertida “Directiva de retorno”, que establece mecanismos comunes para la detención, internamiento y deportación de estas personas.

Han pasado más de seis años desde que la Comisión lanzó esta idea y aún falta que sea aprobada por el Parlamento Europeo, donde las discusiones amenazan con ser muy escabrosas. Pero el principal acuerdo —el de los gobiernos— se logró en la reciente reunión de los representantes permanentes de la UE. El problema de estas normas es que chocan con la mayor parte de las salvaguardas del respeto a los derechos humanos, que han sido la bandera de la Unión Europea durante medio siglo. Para salvar este escollo, los legisladores han querido dar preferencia a un compromiso con los afectados para que acepten volver voluntariamente a sus países antes de treinta días y les garantiza la posibilidad de pedir una revisión judicial de las razones de su expulsión.

Quienes se preparan ahora son las organizaciones no gubernamentales, que han iniciado una fuerte campaña de protesta, ya que consideran, con justicia, que la ley convierte a los sin papeles en delincuentes, una persecución a todas luces discriminatoria y xenófoba.

En forma más dramática, la xenofobia se ha extendido a Sudáfrica, donde constantes ataques a trabajadores inmigrantes se han propagado a siete de las nueve provincias del país, cobrando decenas de vidas y dando lugar a escenas de crueldad no vistas desde los últimos tiempos del apartheid. Johannesburgo y otras localidades han sido testigos de ataques contra extranjeros en un país que ha recibido un aluvión incontrolado de africanos —hasta cinco millones, según estimaciones conservadoras— que han buscado refugio en esta nación al huir de la miseria.

Más de diez mil inmigrantes —de países como Mozambique, Malawi, Somalia, Nigeria y Zimbabwe— han tenido que refugiarse en iglesias o comisarías en un intento de escapar a la ola de salvajismo desatada contra ellos. El presidente sudafricano Thabo Mbeki ha condenado duramente los ataques y, en un reconocimiento del descontrol imperante, ordenó que el Ejército entrara y pusiera orden en los barrios de más alta tensión.

Criminalizar a los inmigrantes ilegales es una medida más aparente que eficaz. Deberían buscarse nuevas perspectivas de solución a este serio problema.