No es común que los políticos cumplan con sus promesas de campaña una vez que llegan al poder, pero el empresario de la comunicación y primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, parece ser una excepción. Berlusconi regresó por tercera vez al poder en Italia el 16 de abril blandiendo como una de sus principales consignas la de frenar de tajo la inmigración indocumentada por estar fuertemente vinculada con la delincuencia y las redes del crimen organizado. Hoy ha comenzado a cumplir sus promesas de mano dura contra la inmigración.

Su gobierno ha anunciado un paquete de seguridad con 30 medidas, que de ser aprobado, haría de la inmigración indocumentada un delito mayor. Se han iniciado también operativos antiinmigrante en varias ciudades del país que han llevado a la detención y expulsión de cientos de personas, principalmente de origen rumano. Es previsible que las redadas y expulsiones de inmigrantes indocumentados en Italia aumenten por encima del promedio de 60 mil por año de los tres años recientes. El rasgo más alarmante de estos operativos es el discurso con el que el gobierno justifica su política de mano dura frente a los extranjeros sin documentos: se trata de combatir la delincuencia y recobrar la seguridad en las calles italianas.

La asociación entre migración y seguridad toca fibras emocionales entre la población italiana y ahonda los sentimientos de vulnerabilidad y temor frente a los extranjeros. La escalada verbal de los políticos ha conducido a actos de movilización social en contra de minorías, como los ocurridos en la ciudad de Nápoles, donde los vecinos destruyeron varios campamentos irregulares de gitanos. Y es que el fenómeno de la inmigración está ahora más presente que nunca. El porcentaje de la población extranjera en la población total de Italia, ha venido creciendo en forma sistemática en las últimas dos décadas, de acuerdo con datos del Migration Policy Institute, de 1.1% en 1994 a 3.4% en 2004.

Es interesante resaltar que, precisamente, dos de los países europeos que en las últimas décadas dejaron de ser expulsores netos de mano de obra para convertirse en países eminentemente receptores, Italia y España (además de Portugal y Grecia), son los que muestran un mayor nivel de preocupación por el tema de la inmigración, que en ocasiones raya en actitudes abiertamente xenófobas. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro de 2007, el tema de la inmigración fue considerado como el más importante tanto en España (43%) como en Italia (35%), inclusive sobre la criminalidad, que ocupa el segundo lugar entre la agenda de preocupaciones de la sociedad italiana.

A nivel de la población europea en general, el orden de prioridades es un tanto distinto, aunque el fenómeno migratorio se encuentra entre los tres temas más importantes en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). Datos del Eurobarómetro indican que en la UE la principal preocupación es el medio ambiente (34%), seguido de la criminalidad (33%) y la inmigración (29%). Las reacciones europeas frente al endurecimiento de la política y el discurso antiinmigración en Italia revelan las enormes dificultades para avanzar hacia una política común en la materia y calientan los ánimos.

A pesar de que un 75% de la población considera que la UE debe tener una política migratoria común y que se trata de un fenómeno que difícilmente puede ser regulado en forma independiente por cada país, lo cierto es que hay enormes dificultades para avanzar hacia medidas comunes. La región está fuertemente dividida entre los sectores duros ubicados a la derecha del espectro político que reclaman mayores controles y los sectores liberales que consideran que cualquier política migratoria, por más estricta que sea, deben asegurar en todo momento los derechos de los inmigrantes. Posiciones como la de Berlusconi y otros políticos italianos en muy poco o nada ayudan al actual debate en el seno del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo para armonizar las políticas sobre la inmigración a nivel regional.