Los videos divulgados esta semana, que muestran a Lucía Morett en el campo militar de las FARC en Angostura, en la frontera entre Colombia y Ecuador y que fue objeto de un ataque el primero de marzo pasado, a consecuencia del cual murieron cuatro jóvenes mexicanos y Lucía Morett resultó herida, demuestra, primero, que esos jóvenes no estaban allí realizando ninguna labor solidaria, sino, como se observa en los videos (que fueron filmados por el ejército ecuatoriano), estaban realizando entrenamiento militar. Pero, es más, los videos que se muestran no son de febrero, durante la última visita de Morett y los otros jóvenes a Ecuador, sino fueron filmados entre septiembre y octubre de 2007, lo que implica que ya se habían hecho otras visitas de Morett y ese grupo al campamento del movimiento armado. Un campamento que tenía como objetivo entrenar militarmente a sus visitantes, que provenían de varios países.

Esa información ha ido de la mano con otra divulgada apenas ayer en Quito: la fiscalía ecuatoriana ha iniciado proceso contra las tres sobrevivientes del ataque, Lucía Morett y las colombianas Marta Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez. En el inicio formal del proceso, el martes pasado, el fiscal Wirmar Gonzabay hizo una reconstrucción de los hechos del primero de marzo y señaló que, “de las investigaciones existen suficientes argumentos para imputar a las tres mujeres por delitos en contra de la seguridad interior del Estado y en particular por lo que dice el artículo 147 del Código Penal”, que sanciona con de cuatro a ocho años de prisión al que “promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, grupos de combate o grupos o células terroristas... las penas serán agrega el artículo del Código Penal ecuatoriano si estas actividades se ejecutan con armas u obedeciendo órdenes foráneas”. El fiscal pidió la prisión preventiva de las tres mujeres porque, con la existencia evidente, asume que son miembros activos de las FARC que operaban en suelo ecuatoriano.

El tema ha generado, además, una enorme controversia en Ecuador, porque la fiscalía demoró 73 días, después de iniciada la averiguación, para concluir con esa orden de detención y el anuncio del proceso. Y ahora sabemos que, desde un primer momento, desde cuando fueron rescatadas con vida en el campamento de las FARC, tanto Morett como las dos jóvenes colombianas habían reconocido originalmente ser parte de esa organización. Cuando las trasladaron al hospital militar de Quito dijeron otra cosa, cambiaron su declaración: las jóvenes colombianas manifestaron que en realidad ellas eran campesinas de la región que habían sido secuestradas y se les utilizaba como “esclavas” para el trabajo doméstico del campamento. Morett aseguró que era una estudiante que había llegado allí con el fin de recoger información para su tesis de licenciatura (sic). El problema es que las declaraciones iniciales de las tres habían sido filmadas por el ejército ecuatoriano y, además, se encontró el otro video, donde se ve a Morett y a una de las jóvenes en entrenamiento en septiembre u octubre pasados.

Las autoridades ecuatorianas tenían toda esa información, pero no la dieron a conocer inmediatamente. Pese a las presiones para procesar a las detenidas y reconocer que el ecuatoriano muerto en ese ataque, Franklin Aisalla, no sólo era miembro sino dirigente de las FARC, el gobierno de Correa se enfrascó en un debate diplomático con Colombia. Mientras tanto, Lucía Morett abandonó Ecuador y encontró refugio en Nicaragua, donde reapareció en un acto público acompañada nada más y nada menos que del presidente Daniel Ortega y la esposa de éste, con el puño en alto y reivindicándose como “revolucionaria”. Es más, las dos jóvenes ecuatorianas, inmediatamente antes de que comenzara el proceso, fueron recogidas en Quito por un avión militar nicaragüense, que las trasladó a Managua, donde el gobierno de Ortega también les concedió asilo y protección.

¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Por una parte, la tesis publicitaria de los presidentes Chávez y Correa se ha caído con las acusaciones de la fiscalía ecuatoriana contra las tres jóvenes, a pesar de los intentos de protección del presidente. Se confirma que Nicaragua reconoce no sólo de palabra, sino en los hechos, a las FARC y está decidido a darles apoyo. Se confirma que la célula de las FARC en México es una realidad, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas en ese sentido. Y detrás de todo hay un dato que tiene nerviosos a muchos sectores: se estima que será hoy cuando el grupo de expertos de la Interpol que están investigando el contenido de las tres computadoras encontradas en el campamento de las FARC y que pertenecían al comandante Raúl Reyes, darán a conocer el resultado de la indagatoria. Y todo hace suponer que confirmarán que la información y los documentos allí encontrados (más de 11 mil) son legítimos, no fueron sembrados ni creados ex profeso. Eso creará una situación muy grave, porque se expondrán los presidentes de Ecuador, Venezuela y Nicaragua; se expondrán las relaciones de las FARC con ellos, el narcotráfico y los traficantes de armas; se expondrá la red internacional de apoyo y operación de esa organización y una cantidad de información que prácticamente desnuda a las FARC. Todo cuando se inicia en Lima la reunión de mandatarios de América Latina y la Unión Europea.

En nuestro caso, todo ello confirma que quienes estaban en el campamento de Angostura tenían una relación estrecha con las FARC y estaban recibiendo adiestramiento militar. La tesis de los estudiantes que hacían turismo se vuelve insostenible. Y entonces se tendrían que revisar muchos dichos, muchos desplegados, muchos minutos de silencio, que acompañaron a su deceso el primero de marzo. Todo el mundo tiene derecho a vivir y morir por lo que considera sus ideales. Pero no hay derecho al engaño.