La reciente tragedia humanitaria en Birmania (hoy Myanmar) ocasionada por un ciclón cuyo saldo se calcula en 100 mil muertos y un millón y medio de damnificados, ha escandalizado al mundo entero por las resistencias de la Junta Militar que gobierna ese país desde 1962, a abrir sus puertas para permitir la entrada masiva y oportuna de la ayuda internacional. El régimen birmano —uno de los más represivos, aislacionistas y corruptos del mundo— se ha negado a conceder visas a socorristas extranjeros, ha incautado los suministros de emergencia de alimentos y medicinas enviados por las Naciones Unidas, no ha permitido la entrada de periodistas extranjeros, se ha opuesto a recibir equipos de transporte para la distribución de la ayuda internacional y mantiene un férreo control directo sobre toda la asistencia que entra y se distribuye en el país.

Desde el punto de vista estrictamente humanitario, el problema no es sólo la escandalosa cerrazón del régimen militar que impide que la asistencia internacional llegue efectivamente a la población afectada, sino su absoluta incapacidad logística e institucional para hacer frente a un desastre de estas dimensiones. Myanmar es una de las veinte naciones más pobres del planeta, con una población de 56 millones cuyo ingreso per cápita no alcanza siquiera los 300 dólares al año, no cuenta con infraestructura de aeropuertos y caminos de alcance nacional, y cerca de 60% de la población carece de acceso a la educación básica y servicios de salud. Además, es el segundo productor de opio después de Afganistán y una importante ruta del narcotráfico en el sudeste asiático.

La militarización en el país llega a proporciones impresionantes. De acuerdo con datos de UNICEF de 2005, mientras el gasto militar en ese año representó el 40% del presupuesto gubernamental birmano, la Junta invirtió sólo 0.17% del Producto Interno Bruto en salud y 0.5% en educación. La Organización Internacional del Trabajo ha venido denunciando la existencia de prácticas sistemáticas de trabajo forzado, sobre todo entre las minorías étnicas. La cifra de refugiados que han salido huyendo del régimen militar supera el millón de personas y Naciones Unidas calcula una población de cerca de 500 mil desplazados internos por causas tanto económicas como de persecución política.

Frente a esta situación, la comunidad internacional se muestra escandalizada, pero impotente. Toda acción multilateral frente a situaciones de crisis o emergencia, para ser eficaz y oportuna, requiere de liderazgos activos y comprometidos. En el caso de la tragedia de Myanmar, este factor está prácticamente ausente. Países como Francia han invocado, sin éxito, la llamada doctrina de la “responsabilidad de proteger” para promover en el seno del Consejo de Seguridad una resolución que autorizara el ingreso y la distribución de la ayuda multilateral en Myanmar al margen de los canales gubernamentales y a pesar de la oposición del gobierno birmano. Por su parte, el actual secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, ha tenido una gestión desangelada, no ha logrado plantear una agenda propia, se resiste a empujar medidas coercitivas que puedan llevar a una confrontación con el gobierno birmano y ha preferido acciones de mediación y buenos oficios para el diálogo político entre la Junta y la oposición.

El principal obstáculo a la acción multilateral humanitaria en Myanmar, sin embargo, es la indiferencia de los países vecinos. Los intereses estratégicos de los actores clave en la región. China, India, Tailandia y la mayoría de los países del sudeste asiático, al igual que Rusia, los llevan a oponerse a la adopción de medidas multilaterales de coerción sobre la Junta Militar birmana. Y es que no quieren poner en riesgo su acceso a los recursos de petróleo y gas de ese país ni el dinamismo del comercio de armas con los generales birmanos. Para los países de la región, la prioridad estratégica inmediata es la estabilidad política de Myanmar, no el bienestar de su población o la democratización del país.