Bolivia es un Estado nacional en construcción que enfrenta el reto de mantener la estabilidad política en medio de una sociedad con fuertes divisiones étnicas, sociales y regionales. No es un caso excepcional en el mundo contemporáneo, ni siquiera en el ámbito europeo donde siglos atrás surgió esta forma de organización de la autoridad política basada en el monopolio de la fuerza legítima de un estado sobre un territorio determinado y su población. En Europa del Este no ha terminado aún el proceso de desintegración de la ex Yugoslavia, y en algunos países de Europa Occidental, como España, hay pueblos y regiones que reclaman su reconocimiento como naciones con derecho al autogobierno.

El pasado domingo, el departamento boliviano de Santa Cruz votó masivamente (85%) a favor de un estatuto de autonomía que, entre otras cosas, le permite elegir a las autoridades locales mediante voto directo y contar con facultades “exclusivas” para definir políticas propias en materia fiscal, educativa, judicial, de salud, economía y tierras. Actualmente, Bolivia tiene una forma de gobierno unitario y centralista en el cual, por ejemplo, las autoridades departamentales son elegidas por voto directo pero requieren de la ratificación del presidente. El estatuto de autonomía cruceño supone un alto nivel de independencia respecto del gobierno central pero, en realidad, introduce atribuciones bastante similares a las que tienen los gobiernos locales o subnacionales en muchas otras partes del mundo donde existen sistemas federales.

Y sin embargo, el asunto de la autonomía en Santa Cruz ha generado una fuerte crisis política en el país que lleva a muchos observadores a preguntarse qué tan grave es el riesgo de desintegración y fracturación del país, como han alertado el presidente venezolano Hugo Chávez y el propio mandatario boliviano, Evo Morales. El gobierno de Bolivia, al igual que los gobiernos latinoamericanos y la propia Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionan las bases legales del referéndum que aprobó el estatuto de autonomía del departamento cruceño e instan a las partes a sentarse a dialogar para negociar un acuerdo.

El problema de fondo no es el contenido preciso del estatuto autonómico —de hecho, una encuesta de salida revela que cerca de 90% de quienes votaron a favor o en contra no habían siquiera leído el texto—, sino la ausencia de un marco constitucional nacional que cuente con la aprobación de la mayoría de las fuerzas políticas. El estatuto de autonomía de Santa Cruz surgió como parte de un movimiento político más general en clara oposición al proceso de cambio de Constitución impulsado por el gobierno de Evo Morales desde su elección con un 54% de los votos, en diciembre de 2005. De esta forma, el referéndum cruceño sobre autonomía departamental antecede al plebiscito nacional sobre la nueva constitución y, por tanto, surge en un vacío legal. De aquí, su inoperancia práctica.

En España, el reciente proceso de reforma de los estatutos de autonomía de Cataluña y otras provincias ha sido diametralmente distinto al que actualmente se vive en Bolivia. A pesar de la intensa discusión que el asunto provoca, en ningún momento la ampliación de las autonomías locales ha conducido a crisis políticas y se ha ido resolviendo gradualmente por vías legales e institucionales.

En este caso, el reconocimiento de la Constitución antecedió a las reformas de los estatutos de autogobierno locales, los cuales parten en forma directa y expresa de los principios constitucionales sobre el carácter plurinacional del estado. El gobierno boliviano y sus opositores debieran voltear la mirada hacia esas partes del mundo donde han tenido lugar procesos exitosos de refundación nacional y consolidación democrática por la vía de amplios pactos políticos de alcance nacional para sacar adelante reformas constitucionales y autonómicas.