El presidente colombiano Álvaro Uribe camina en medio de un campo minado, a pesar de contar con un impresionante índice de popularidad de 84 por ciento. Al conflicto diplomático generado por el ataque armado a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, se suma ahora la crisis política interna por las revelaciones de los vínculos entre políticos de su gobierno y su partido con paramilitares y narcotraficantes. Lo que está en juego es su autoridad e integridad moral como líder político y la legitimidad de su gobierno.

Hace ocho años que el Plan Colombia opera y, a pesar del tiempo transcurrido, es difícil hacer un balance objetivo de sus resultados.

Y es que el conflicto colombiano no es uno sino muchos, por lo que se requiere ver las distintas aristas del problema. El impacto de los más de cinco mil millones de dólares de asistencia invertidos por Estados Unidos ha sido impresionante en términos de drogas incautadas, plantíos erradicados, extradiciones, arrestos y decomisos de armas y embarcaciones.

Y, sin embargo, a pesar de este enorme esfuerzo, los efectos sobre el tamaño del mercado y la disponibilidad de drogas en Estados Unidos han sido prácticamente insignificantes. El Informe Mundial sobre Drogas 2007 de Naciones Unidas, señala que el mercado mundial de cocaína se ha mantenido estable tanto en términos de oferta (se producen alrededor de mil toneladas métricas al año), demanda y precios. Hay cuatro áreas en las que el Plan Colombia ha tenido resultados positivos. Primero, la erradicación del cultivo de amapola en el país y el desplazamiento del cultivo colombiano de coca hacia otros países (Bolivia y Perú). Segundo, el avance en programas de cultivos alternativos legales. Tercero, el fortalecimiento de las instituciones de justicia a través de un nuevo sistema acusatorio de procedimiento penal.

Cuarto, la recuperación de la presencia del Estado y la fuerza pública en zonas que antes estaban bajo el control de la guerrilla, el narcotráfico o los paramilitares.

Todo esto le ha permitido a Colombia reducir, por primera vez en décadas, la tasa de homicidios y muertes violentas. En este sentido, el Plan Colombia ha sido más eficaz en la contención de la guerrilla y la inseguridad pública que en el control del mercado ilegal de las drogas y de la corrupción. El núcleo del problema es que los logros en materia de control de la violencia están sostenidos sobre el fracaso en materia de corrupción y se fincan en una serie de acuerdos “sospechosos” entre el gobierno y los paramilitares.

Pensar que es posible ganar la guerra contra las drogas a través del despliegue masivo de la fuerza legítima policiaca y militar del Estado, no es un planteamiento realista. Es necesario reconocer que, en parte, el origen del problema del narcotráfico y del crimen organizado se encuentra precisamente en la política diseñada por los estados para combatirlo. Un estudio del Banco Mundial sobre políticas de prevención de la violencia y la criminalidad, realizado por el economista chileno Norman Loayza, llega a la conclusión de que la “prohibición ha sido costosa e ineficaz” y “un desperdicio de recursos policiacos escasos” inclusive para Estados Unidos, pero, particularmente, para los países de América Latina.

La razón principal es que la prohibición crea, por sí misma, un enorme mercado negro para el auge y la constante recomposición del crimen organizado. Genera incentivos económicos de ganancias tan astronómicas detrás del tráfico de drogas que exceden cualquier posibilidad de control policiaco por parte del Estado. En opinión de Loayza, si los gobiernos latinoamericanos quieren realmente tener algún éxito sostenido y de largo plazo en su lucha contra el crimen, la delincuencia y la violencia en la región, sería necesario que comenzaran a revisar sus políticas de combate al narcotráfico y a discutir posibles esquemas alternativos para regular en forma más selectiva y diferenciada la producción, comercialización y consumo de drogas. Estos esquemas tendrían que formar parte de un enfoque integral y a largo plazo cuyo objetivo principal debiera ser la recuperación de los espacios de legalidad en la sociedad.