Quizá hoy no pueda verse con claridad o muy posiblemente haya quienes piensen que sólo se trata de una ilusión por parte del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, pero el camino seguido por las cúpulas de iniciativa privada para defender las libertades violadas por la reforma electoral está siendo el adecuado.

Están siguiendo todo el camino jurídico para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en torno a si el poder Legislativo tiene la facultad de limitar garantías constitucionales (por una vía directa o indirecta) sin que ningún ciudadano pueda oponerse.

En este momento el ministro Sergio Walls es el ponente para determinar si los juzgados deben dar entrada a estos juicios de amparo. 17 jueces dieron entrada y 22 determinaron que las solicitudes eran improcedentes.

En caso favorable, los jueces tendrán que dar entrada y el asunto eventualmente regresaría a la SCJN. Hay ministros a quienes les preocupa que si los organismos cúpula ganaran el proceso serían los únicos, dentro de la sociedad civil, que podrían contratar publicidad durante las campañas electorales. Los que justifican la decisión del Congreso en aras de la equidad, podrían ver una doble derrota.

Si se declara que no procede el juicio de amparo planteado por los organismos que encabezan Armando Paredes y Ricardo González Sada, la lucha no terminaría, puesto que, como lo han adelantado, recurrirían a la Corte Interamerican de Derechos Humanos.

Es evidente que las reformas que entraron en vigor en noviembre pasado y el Cofipe van en contra de los acuerdos en defensa de los derechos humanos que México ha firmado y que tienen un carácter superior a los ordenamientos.

México jamás ha aceptado directamente un fallo de la CIDH, aun cuando ha adelantado el sentido de los fallos. Seguramente recuerda los casos del general Francisco Gallardo o del campesino guerrerense Felipe Arriaga.

Poco antes de que se conocieran las resoluciones del organismo continental, en ambos casos el gobierno de Vicente Fox los liberó argumentando razones humanitarias, con lo cual desactivó el sentido del fallo de la CIDH.

Un caso que ha levantado la esperanza de las cúpulas de iniciativa privada es el de Jorge Castañeda, quien consideró que se había violado su derecho humano a ser votado cuando se le impidió contender como candidato independiente en las elecciones de 2006. La SCJN no encontró elementos jurídicos para amparar a este hombre ante la violación de sus derechos humanos y recurrió a la CIDH. Ya prácticamente todas las instancias se han agotado y la mayoría de los indicios apuntan a que favorecerán a Castañeda.

En los últimos días ha comenzado a tomar una gran velocidad un proyecto de dictamen, presentado Alfredo Rodríguez y Hugo Antonio Laviada, para reformar el último párrafo del artículo 16 de la Constitución, de tal manera que se permitan las candidaturas independientes.

El 7 de febrero, los senadores del PRD Ricardo Monreal y José Luis García Zalvidea, presentaron un proyecto de dictamen muy similar al dado a conocer por los senadores panistas el 13 de diciembre.

Ambos proyectos tomaron velocidad en las comisiones, unidades de puntos constitucionales y estudios legislativos. En este momento ya quedó en primera lectura y las señales indican que será aprobado mañana y enviado a la Cámara de Diputados.

Parecería que el Congreso está tratando de anticipar la resolución de la CIDH y abrir espacio para las candidaturas independientes. No permitirlas obviamente va en contra del derecho a votar y ser votado, otra de las garantías que los partidos políticos se han “agandallado”.

Cuando los tres principales partidos políticos consideraron que podrían llevar sus prácticas monopólicas y antidemocráticas adelante sin que nadie se opusiera, jamás contaron con la gran defensa que establecerían los organismos de la IP, quienes están defendiendo sólo sus intereses.

Las cúpulas de la IP saben que la defensa de las libertades es un largo camino. Como lo han planteado desde el primer momento, primero recorrerán todo el proceso judicial mexicano y, si no les favorece, irán a las instancias internacionales que, a no dudar, les darán la razón. Habrá que ver en unos meses si senadores como Santiago Creel siguen pensando que la defensa de las libertades es una “vacilada”.

RENOMBRADOS

Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, dice que se oponen al “tope salarial de 4%”. Un aumento de este tipo para una empresa en la situación de Luz y Fuerza del Centro ya parecería excesivo toda vez su precaria condición. Sin considerar que esta organización gremial pidió un aumento de 16% directo al salario (No hay una sola empresa pública o privada en México que haya dado un incremento general de este tipo en lo últimos años), el verdadero problema son los abusos y excesos que durante años ha venido acumulando esta organización sindical.

Mucho más allá de las “conquistas” que han sumado, su lista de peticiones sólo puede corresponder a una organización fantasiosa que está total y absolutamente desligada de la realidad. Grupos que, haciéndose pasar por democráticos, son conservadores y retrógradas puesto que quieren a un México postrado y dominado por los sindicatos.

Como le hemos venido detallando en esta columna desde finales del año pasado, en el gobierno de Felipe Calderón parecería que hay quienes están dispuestos a llegar a una huelga, con inmediata requisa, para cambiar radicalmente las condiciones en LFC. Es intolerable el punto en el que se encuentran.

Ponga mucha atención en las finanzas del Gobierno del Distrito Federal. La apuesta de Marcelo Ebrard recuerda mucho a la manera en que Pedro Aspe manejó las finanzas nacionales durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, generar una sensación de progreso y creer que las cosas se irían arreglando solas.

El principal asesor económico del hoy jefe de Gobierno rechazó devaluar y tomar medidas adecuadas en 1994, lo que generó la crisis de 1995. Parecería que en el DF se ha tomado la decisión de seguir este camino que bordea el populismo de derecha, ahora disfrazado de izquierda responsable.