Respuesta: depende del balance entre los costos y beneficios de la reforma. Si los primeros exceden a los segundos, la respuesta es negativa. Pero si los beneficios superan a los costos, entonces sí le conviene. El Presidente, como político racional que es, deberá tomar una decisión de acuerdo con este criterio. Buscará un saldo positivo donde se maximicen los beneficios y se minimicen los costos.

Los costos del PRD

Es claro que la izquierda no va a votar a favor de una reforma energética que liberalice el régimen legal actual. En este tema, el PRD es la fuerza conservadora. Sin embargo, los perredistas van a utilizar la reforma para revivir políticamente. De hecho, estos últimos días hemos visto el regreso a la palestra pública de sus dos líderes históricos: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

El primero ha salido con una postura que parece más moderada que la del segundo. Sin embargo, no deja de ser estatista en lo fundamental y etérea en lo particular. Rechaza que Pemex se asocie con privados en contratos de riesgo y apoya la autonomía de gestión para la empresa pública. Quizá López Obrador quiera algo similar para resolver la caída en la producción petrolera pero, a diferencia de Cárdenas que está dispuesto a debatir el asunto, el tabasqueño rechaza cualquier intento de liberalizar el régimen energético actual. Para tal fin ha anunciado acciones de resistencia civil.

Así, desde el frente de izquierda, se perfilan dos posibles costos de la reforma energética para Calderón: revivir políticamente a López Obrador, con sus legendarias provocaciones, y enfrentar las movilizaciones sociales que organizará el tabasqueño. El resurgimiento de Cárdenas podría paliar de alguna manera el de López Obrador, pero también existe el riesgo, quizá mínimo, de que los dos líderes históricos del PRD acaben uniéndose si la reforma de Calderón disgusta a ambos personajes.

Los costos del PRI

Con su negativa a negociar con el gobierno calderonista, el PRD le ha entregado el monopolio de la negociación legítima al PRI. Este partido decidirá si hay o no reforma energética, y de qué tipo. Y como todo monopolio, el PRI venderá caro sus votos en el Congreso.

Los priistas ya han dado pistas de qué pedirán a cambio de la reforma. Primero, que ellos controlen, de alguna manera, el gasto público federal para combatir la pobreza. Se manejan tres escenarios: que la Federación lo entregue directamente a los gobiernos de los estados (18 de los 31 gobernadores son priistas); que desaparezca la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en su lugar se establezca un organismo autónomo del Estado, como el IFE, que maneje estas partidas (ahora que el PRI, con la reforma electoral, cuenta con la tecnología para capturar organismos de este tipo); o que el jefe de la Sedesol sea un consejo “ciudadano” en lugar del Presidente de la República. El objetivo es claro. Los priistas, que son expertos en ganar elecciones repartiendo dinero a la sociedad, quieren arrebatarle el control de los programas de combate a la pobreza al gobierno panista. Sería un costo altísimo para Calderón y su partido. Si de por sí hoy el PAN no puede ganar una sola elección en contra de los poderosos y adinerados aparatos gubernamentales priistas en los estados, pues darle al PRI un mayor control sobre el gasto social lo condenaría a la marginalidad política. Los panistas no volverían a ganar una elección importante en mucho tiempo.

Un segundo costo que perfila el PRI para apoyar la reforma energética es que los grupos campesinos afiliados a este partido, una de sus principales clientelas electorales, reciban la mayoría de los subsidios que el gobierno otorga a los productores agropecuarios. Y también hablan de un tercer costo: la instauración de un “jefe de gabinete” que medie entre el Presidente y el Congreso, lo cual implica aumentar el poder del Legislativo en detrimento del Ejecutivo. Hay que ver lo que ocurrió con la designación de los consejeros del IFE para entender quién sería el ganador en la elección del jefe de gabinete: el PRI.

Costos versus beneficios

Los beneficios de la reforma energética están determinados por su tamaño. El impacto económico sería importante si hay una de gran calado, de fondo, que incluya cambios constitucionales. Algunos economistas creen que permitir la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector energético generará un boom de inversiones que podría agregar hasta dos puntos porcentuales más de crecimiento anual del PIB por un buen tiempo. Una reforma de este tipo traería grandes beneficios para un gobierno ávido en entregar buenas cuentas económicas y millones de empleos.

Muchos argumentan que esta reforma es imposible por el rechazo incendiario que habría de la izquierda y la oposición que habría del ala nacionalista-revolucionaria del PRI. Se argumenta, entonces, que la reforma posible es una chiquita, igual de limitada que la fiscal, de reducidos beneficios para el gobierno actual. Si es así, el Presidente tendrá que ponderar si le conviene tomando en cuenta los posibles costos arriba mencionados.

Por lo pronto, el gobierno calderonista ha salido a pescar. Aventó el anzuelo de que estaba interesado en la reforma energética para ver cómo picaban los otros peces: cómo reaccionaban la izquierda en su rechazo y el PRI en la negociación legislativa. Calderón está midiendo los posibles costos. Si resultan muy elevados y la reforma posible es una de pocos beneficios para su gobierno, pues no la empujará mucho. A nadie le gusta pagar mucho a cambio de poco. No es gratuito, entonces, que el Presidente se muestre cauteloso con la reforma y argumente que en última instancia depende del Congreso.