¿Tienen derecho los legisladores a quitar garantías individuales sin que los afectados puedan interponer recursos legales ante el Poder Judicial? No tenga ninguna duda de que el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará tarde o temprano.

Lo que irresponsablemente calificó como una frivolidad Santiago Creel es un planteamiento fundamental puesto sobre la mesa por el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, en defensa de las libertades fundamentales de los mexicanos.

Hoy, la situación jurídica está así. Mientras 22 jueces consideraron que la solicitud de amparo era notoriamente improcedente, 17 opinaron que debía darse entrada a este proceso legal.

La SCJN tiene que determinar si da entrada a este recurso y para tal fin nombró a Sergio Valls como ministro ponente que deberá plantear el tema. Más allá de que la resolución no termina con este debate, sí es pertinente tener claro que aquí sólo se definirá si se da entrada o no a las solicitudes de amparo.

En caso favorable, los jueces que las consideraron como notoriamente improcedente tendrían que darle entrada y trámite. En caso contrario, el asunto no se muere, ya que los organismos cúpula de iniciativa privada, o quien así lo desee, podrían recurrir a otras vías jurídicas entre las que se podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Armando Paredes y Ricardo González Sada han sido particularmente enfáticos en señalar que estarían más que dispuestos a llegar a los tribunales institucionales.

Es claro que para este tribunal internacional se trata de una violación a los derechos humanos. No olvide que los convenios internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Si un órgano multinacional de este tipo diera la razón a los quejosos, pues el gobierno mexicano tendría que acatarlo. En casos similares, el gobierno no ha cumplido directamente sino que ha encontrado la manera de hacer lo que se dijo sin que se trate del acatamiento de un fallo de este tipo.

Aun cuando es aventurado asegurar cuál será la resolución de un proceso jurídico que podría llevar muchos, muchos meses, sí es probable que el CCE y Coparmex demuestren que la reforma electoral atenta contra la libertad de expresión y que, por lo tanto, obtengan la protección de la justicia.

Sin embargo, podría generarse una situación paradójica. Si obtienen el amparo, ellos sí podrían contratar espacio en los medios, pero nadie más (a no ser que obtuviera un amparo), lo que generaría para algunos una visión de mayor desproporción.

Si los legisladores fueran más conscientes de lo que hicieron, pues estarían dando pasos para revertir una reforma electoral que va en contra de las libertades constitucionales y que, claramente, es un retroceso en la vida democrática.

En esta columna hemos sostenido que, como pocas veces en la historia, la iniciativa privada está dando una gran cruzada en defensa de la libertad.

Ernesto González llegó a la dirección de Deloitte en 2004 y a partir de ahí se ha visto cómo la firma ha perdido relevancia entre sus clientes. Es común que haya empresas que digan que confían mucho más en competidores como Ernst & Young o que recuerden, un poco en tono de broma, cómo se quemaron sus oficinas en Madrid en 2005, sembrando muchas dudas en torno al manejo de los expedientes. Hay quienes creen que en México eventualmente podría pasar algo similar.

Unamos puntos. A principios de esta semana le comentábamos que parecía un pleito arreglado entre Carlos Slim y Francisco Hernández Juárez la huelga de la filial de Telmex que da soporte a los clientes de Prodigy. Finalmente ayer se arregló con un aumento salarial de 4.4% y sin que la empresa emitiera una sola palabra en torno a las supuestas quejas del dócil sindicato. No olvide que las presuntas quejas tenían que ver con el retraso en la convergencia tecnológica y los eventuales daños a los trabajadores de esta empresa.

Ayer mismo le dábamos a conocer que Televisión Azteca, encabezada por Ricardo Salinas, había dejado clara su apuesta por el cuádruple play al comprar una empresa de televisión por cable (seguramente la primera de una serie de adquisiciones), con lo cual únicamente puede esperarse una gran lucha entre Telmex, Televisión Azteca y Televisa, encabezada por Emilio Azcárraga. Esta última pretenderá mantener su posición de privilegio.

Por más que el Servicio de Administración Tributaria, cuyo titular es José María Zubiría, ha puesto al servicio cualquier cantidad de herramientas de información para los contribuyentes, hay una gran confusión sobre el pago de la IETU y el ISR.

No nos detendremos, al menos en esta oportunidad, a considerar los recursos jurídicos interpuestos por unas 10 mil empresas (de acuerdo con estimaciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían crecer en las próximas semanas, ya que hay quienes esperaron al primer acto de autoridad), sino en las confusiones de contadores y contribuyentes.

Hay quienes han hecho pagos parciales de los dos impuestos; otros más sólo del que resultó más grande y no han faltado aquellos que simple y sencillamente no saben qué hacer. Sería necesaria una actitud todavía más activa de los funcionarios del SAT para dar información a los contribuyentes.

No se trata de un complot, como están tratando de hacer creer quienes alientan a grupos en Zimapán que se oponen a un depósito de materiales peligrosos, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya dado entrada a su solicitud de amparo.

Lamentablemente, incluso para el Poder que encabeza Guillermo Ortiz Mayagoitia, grupos de la sociedad así no tienen medio jurídico para hacer valer lo que se conoce como un derecho difuso.