El 21 de diciembre presenté, junto con otras catorce personas, una demanda de amparo para combatir la reforma constitucional que prohíbe comprar espacios en radio y televisión durante las campañas electorales a cualquier ciudadano u organismo social. Los demandantes pensamos que esta prohibición viola algunas garantías constitucionales, sobre todo la de libertad de expresión.

Los defensores de esta restricción la justifican en aras de la equidad en la contienda electoral. El argumento tiene méritos. El Consejo Coordinador Empresarial contrató spots en la elección pasada para defender sus tesis y, de manera implícita, apoyar a Calderón y rechazar a López Obrador. Estos spots debieron haberse contabilizado como parte de la campaña del panista. He ahí, entonces, la solución al problema: un mecanismo para contabilizar en la cuenta de un candidato los mensajes de grupos sociales que lo apoyan. Pero los legisladores prefirieron la prohibición completa. Otra opción hubiera sido dedicar parte de los anuncios electorales, digamos 20%, a asociaciones civiles debidamente constituidas para difundir sus tesis con respecto a las campañas electorales.

El modelo instituido privilegia, así, a los partidos sobre los grupos sociales con una visión paternalista. Se parte de la premisa de que los votantes son una bola de ignorantes a los que hay que proteger. Prohíben los spots para que el electorado no escuche los “perversos” mensajes de los señores del dinero. No vaya a ser que los capitalistas convenzan a los ciudadanos a votar en contra de sus intereses “verdaderos”.

La prohibición no sólo restringe a la minoría empresarial, que tiene todo el derecho de expresar con spots lo que piensa. También afecta a todas las minorías sociales. La comunidad judía, por ejemplo, no podrá comprar espacios mediáticos para defenderse de un candidato antisemita o los homosexuales en contra de uno homofóbico o los que están a favor de la despenalización del aborto para apoyar a un candidato con esta plataforma.

El tema de la libertad de expresión es toral para la democracia. De ahí nuestra demanda. No es que estemos defendiendo los intereses de los empresarios. Ellos solitos pueden hacerlo y, de hecho, han promovido sus propias demandas. Nuestro grupo está demandando para defender un principio liberal: que los partidos no pueden limitar la libertad de expresión a su favor en la Constitución.

Nuestro amparo se turnó a una juez de distrito quien lo desechó por estimar que en contra de las reformas a la Constitución no procede este recurso. Solicitamos, entonces, que un Tribunal Colegiado revisara esta determinación. El proyecto está en estudio. Esta semana, sin embargo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco, gran conocedor del tema electoral, solicitó al Pleno del máximo tribunal atraer todos los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma electoral, incluido el nuestro, “por la relevancia e importancia que tienen estos casos, desde el punto de vista jurídico, para la vida del país”.

La solicitud de Franco se turnó al ministro Sergio Valls para elaborar un proyecto que ponga a consideración del Pleno la atracción o no de los amparos. Con ello se demuestra que hay ministros dispuestos a examinar la jurisprudencia vigente que señala que las reformas a la Constitución no pueden ser sometidas a ningún tipo de revisión por parte del Poder Judicial. Esta decisión, en sí misma, es importantísima para el régimen de división de poderes. ¿Puede el Constituyente permanente, hoy controlado por tres partidos, cambiar la Carta Magna a su antojo sin que nadie pueda revisar el acto? ¿Podría, por ejemplo, legalizar la esclavitud en México?

Sería terrible, como sucedió con el caso de Lydia Cacho, que los amparos se desecharan con argumentos propios de un juez de barandilla. La SCJN es un órgano político que está diseñado para discutir y resolver temas torales para la democracia liberal. Y he aquí un caso que podría hacer historia; que merece ser discutido con rigor legal, político y filosófico por el máximo órgano judicial. Ojalá la SCJN se atreva a hacerlo.