Si alguna deuda tiene la izquierda para alcanzar a gobernar algunos estados de la República es, sin lugar a dudas, con las luchas que hombres y mujeres desde sus diversas trincheras impulsan por la igualdad social y la justicia. En Guerrero se han distinguido en esta batalla los campesinos y los profesionales de la enseñanza. No es fortuito que durante décadas fueron ellos y los estudiantes las víctimas más visibles de los actos de represión más contundentes en nuestra historia. Al igual que Oaxaca, Puebla y Chiapas, el estado tiene una población que desde la Conquista enfrenta la adversidad y son las entidades más excluidas en la distribución equitativa del presupuesto y los planes de inversión para su desarrollo y, aun cuando son estados ricos con grandes posibilidades turísticas, sus ingresos dependen casi totalmente de la Federación.
Durante los años setenta, Juan Carlos Marín escribió el libro Los hechos armados, donde analizó los eventos ocurridos durante el periodo 1973-1976 en Argentina. Su trabajo aportó académicamente un nuevo campo de investigación sociológica y también advirtió que la violencia que se vivía de muy distintas formas fue el preludio de una guerra que no tenía dos frentes militares, sino la sociedad y el poder castrense.
Hace diez años, en Aguas Blancas, Guerrero, fueron acribillados 17 campesinos que viajaban rumbo a Coyuca de Benítez. Como ha sido comprobado en múltiples ocasiones, los hechos fueron planeados por diversas autoridades estatales y municipales porque, a su decir, ellos “buscaban la guerra y la guerra encontraron”.
El trágicamente famoso “vado” tiene ahora una pequeña construcción, lápida, donde cada año son colocados arreglos florales rememorando la desgracia. Ese pequeño espacio de tierra roja, lugar árido rodeado de árboles marchitos, es una afrenta para los guerrerenses y el país, es una advertencia para que la violencia no crezca y se revierta contra sus instigadores.
La violencia en Guerrero no tuvo, de ninguna manera, en esos días, su bautismo. Las condiciones de marginación, pobreza y explotación que ancestralmente se han vivido en la entidad obligaron, durante décadas, a los nativos, a defender sus derechos con el uso de la violencia defensiva. Pero es necesario advertir que la violencia, con sus dos caras (la represiva y la defensiva), es compartida en la visión apocalíptica de los extremos políticos y económicos: la derecha y la izquierda. La violencia se ha convertido en una especie de grado cero donde los grupos disidentes y los gobernantes parecen tocarse imperceptiblemente. En cada movimiento “subversivo” hay una historia de exclusión cultural, civil y política. No hablemos de pobreza y marginación, porque el cisma se acrecienta aún más.
En la última década, Guerrero cruzó de la pesadilla al momento de la transición. Mientras la política de los gobiernos autoritarios y represivos de esa época era la confrontación directa con cualquier organización social independiente, el gobierno de ahora, emanado del PRD —que ganó la gubernatura en 2005 con Zeferino Torreblanca—, ha buscado modificar la ruta de la violencia para caminar por las vías institucionales.
Una concepción parcial de la realidad orientó a los viejos gobiernos priistas a considerar que detrás de cada movimiento social había en esencia una lucha por el poder político. De esa forma, la confrontación, ubicada en el escenario de una guerra, tenía en la represión y el uso arbitrario de la violencia sus herramientas básicas. Desde la llegada del nuevo gobierno, la violencia se ha ubicado con otra perspectiva: el fortalecimiento de la delincuencia organizada legitima la presencia del Ejército que antes era para reprimir movimientos sociales e incluso se antoja indispensable su presencia para garantizar el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos.
Es necesario esclarecer la percepción que se tiene en torno a los constantes hechos violentos que se viven en Guerrero. La delincuencia organizada y algunos medios de comunicación buscan inducir la idea de que el gobierno estatal, en colaboración con autoridades federales, realiza acciones intimidatorias y represivas contra aquellos grupos disidentes.
Sin descontar los hechos violentos a los que recurre un pequeño grupo de “independientes” cuerpos de seguridad, entiendo y estoy segura de que la política del gobierno de Guerrero no ha abordado esa “escalada” que, de existir, podría ser comprobada con la metodología que utilizó el investigador Juan Carlos Marín en Argentina. Pero si bien la realidad debe ser siempre el parámetro de nuestra medición teórica, es necesario que la clase política gobernante en los tres ámbitos refuerce su trabajo de acuerdos, negociación y alianza con las organizaciones sociales y con todos aquellos grupos que por décadas han sido excluidos de la vida institucional. Como dice Jordi Borja: “Se requieren políticas específicas de proximidad y que se apoyen en la cooperación social, de prevención y de inserción, de acción positiva, que asuman objetivos integrales”.
Es indispensable que esta clase política, en el ámbito Ejecutivo y Legislativo, genere un nuevo pacto social, económico y político y blinde al Estado de Guerrero contra la ingobernabilidad o el Estado fallido que tanta felicidad le causa al crimen organizado.
Esa deuda pendiente que tiene la izquierda con esos luchadores sociales anónimos que han caído por la represión y la violencia en Guerrero merece ese intento, hoy, con un gobierno del Partido de la Revolución Democrática, que emanó de la voluntad popular, pacíficamente, con el voto de los ciudadanos y que en correspondencia ha respetado la libertad de sus ideas y su expresión dentro del marco constitucional que nos rige.