En Honduras
Adela Micha
Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras, decía no ser un hombre interesado en cambiar la Constitución de su país para eternizarse en el poder. Y se nos venían a la mente: Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba. Pero, en los hechos, desafió al Poder Judicial y al Legislativo, al convocar a lo que él llamó una encuesta, cuando en realidad era una consulta popular, a la que sólo puede llamar el tribunal electoral.
Además, enfrentó al ejército, al destituir al secretario de la Defensa, que no obedeció una orden que él le dio de distribuir el material electoral para la jornada que sería el domingo pasado. Eso detonó un golpe militar. A las 6 horas del domingo 28, 200 militares irrumpieron en la casa presidencial y, a punta de metralla, sacaron al presidente Zelaya: lo levantaron de su cama, lo subieron a una aeronave y lo expulsaron a Costa Rica. Después, el presidente del Congreso mentiría con que Zelaya habría “firmado su renuncia”. Y designó, en forma unánime, a Ricardo Micheletti. Lo que ha padecido Honduras son interminables horas, días, de crisis, de incertidumbre. Hoy, los que dieron el golpe, hacen lo mismo que dijeron que iban a evitar. El que se hace llamar nuevo régimen empezó suspendiendo la energía eléctrica y la telefonía. Después ocupó, silenció, estaciones de televisión, emisoras de radio y prensa libre. Además del toque de queda, apenas ayer declaró estado de emergencia y suspendió las garantías individuales.
Son las duras horas de un momento grave en la historia de la democracia hondureña. Por un lado, Zelaya diciendo que regresa cuando no hay condiciones para ello. No están con él ni el empresariado ni la iniciativa privada ni el Congreso ni el ejército. Pero, por el otro, Micheletti no cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, ni político ni económico. La OEA, la ONU, EU, Gran Bretaña, España, México, el premio Nobel de la Paz Óscar Arias, han condenado el golpe castrense. América Latina toda repudia el militarismo. Y Barack Obama dijo: “No estamos dispuestos a permitir un regreso al pasado de las dictaduras militares”. Pero también comentó que los problemas de Honduras deben resolverlos los hondureños.
En Managua, tres reuniones cumbre: la de la ALBA, el SICA y el Grupo de Río dieron su total e incondicional apoyo a Zelaya. En suma, en cuatro días, 192 países han decidido no reconocer a otro gobierno que no sea el de él. Y las posiciones son irreconciliables. Lo que hay hoy en las calles es miedo por una ola de violencia y, principalmente, incertidumbre. Organismos como el BID y el BM cerraron créditos. Sólo el Banco Mundial congeló recursos por 270 millones de dólares. Gobiernos que han sido tradicionales socios comerciales, han roto tratos y contratos. En Tegucigalpa hay numerosas manifestaciones que han sido reprimidas, se cuentan por cientos las detenciones de quienes exigen el inmediato restablecimiento del Estado de derecho, las libertades y las garantías individuales, el regreso al proceso y a la vida de las instituciones democráticas. Zelaya anunció inicialmente que hoy jueves regresaría a Honduras, arropado por la comunidad internacional. Pero, en Tegucigalpa, Micheletti advirtió: si Zelaya regresa, los tribunales de justicia tienen orden de arrestarlo y recibirá 20 años de cárcel. En Honduras, la sociedad esta polarizada, dividida y enfrentada. Constitucionalmente, Zelaya está llamado a terminar su mandato el 27 de enero de 2010 cuando, entonces sí, deberá entregarlo al vencedor de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre de este año. Hoy jueves, insisto, estaba marcado como el Día “D” para Honduras, por el regreso anunciado de Zelaya que, ahora lo sabemos, lo pospuso al fin de semana para dar tiempo de que se cumpla el ultimátum de 72 horas que dio la OEA a Micheletti: O acepta el regreso de Zelaya u Honduras es expulsada del organismo. ¿Hacia dónde va Honduras? Hoy nadie lo sabe. Pero estas son, sin ninguna duda, las horas, los días, más difíciles, para la historia de la democracia en ese país.
En suma, en cuatro días, 192 países han decidido no reconocer a otro gobierno que no sea el de él.