La responsabilidad y el derecho a gobernar

Jorge Fernández Menéndez

Estuve el lunes en el taller del Foro Económico Mundial sobre Competitividad en México. Me tocó participar en una mesa sobre seguridad y Estado de derecho junto con Fernando Gómez Mont. El secretario de Gobernación dijo una frase que ya había escuchado en otras voces pero que, en esa oportunidad, por el origen y la situación que vivimos, me parece particularmente importante: “Quien no está dispuesto a asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio del poder no tiene derecho a gobernar”. Es verdad, y cada vez son más las autoridades en el país que desean ejercer el poder pero sin asumir sus responsabilidades. Y me pregunto si deberían tener derecho a gobernarnos.

Un ejemplo paradigmático de ello lo tenemos en Michoacán. El gobernador Leonel Godoy ha dicho en todos los tonos posibles que se siente “difamado” por el famoso michoacanazo que ha dejado a más de veinte funcionarios de primer nivel en la cárcel, acusados de participar en el cártel de La Familia Michoacana; que se violó la autonomía del estado al no informarle de esa intervención policial y militar contra su equipo y que ahora filtraciones de prensa lo acusan de que ese mismo grupo de criminales financió su campaña electoral.

No he escuchado a Godoy una sola vez, desde que se dio la intervención de las fuerzas federales en su estado, asumiendo una actitud autocrítica. ¿Cómo puede ser que un gobernador se diga difamado cuando todo su equipo de seguridad está en la cárcel?, ¿cómo puede ser que exija que se le informe de los operativos para detener a sus colaboradores cuando con anterioridad había sido advertido de las relaciones de éstos con los grupos criminales y los había mantenido en los primeros cargos de responsabilidad, como ocurrió con Citlalli Fernández, ex secretaría de Seguridad Pública y al momento de su detención la principal asesora del gobernador en temas de seguridad?, ¿cómo puede negarlo Godoy cuando el asunto fue información que trascendió públicamente mucho antes de las detenciones?, ¿cómo puede ser que, en vez de asumir su responsabilidad y comprometerse con la ciudadanía de su estado a revisar en profundidad todas las estructuras de poder y ofrecer disculpas por haber colocado en esas posiciones a personas que se corrompieron, intente desviar la atención hacia otros temas? El gobernador Godoy asegura que toda la información sobre las implicaciones de su gobierno con La Familia Michoacana parte de un supuesto testigo protegido: en realidad proviene de las declaraciones que han hecho los detenidos, sus más cercanos colaboradores, a quienes ha defendido hasta hoy (“qué bueno que fueron consignados porque ahora podrán defenderse”, declaró el gobernador al saber que el juez había ordenado el procesamiento de los involucrados).

Lo que hay al final es un vacío de responsabilidad más comprometedora aún que las acusaciones o las filtraciones. Asombra que no se acepte que si se gobierna un estado se es responsable de las acciones que ejecuten sus principales funcionarios y más aún cuando resulta que están relacionados con grupos criminales. No creo que Godoy, personalmente, haya tenido vínculos con el narcotráfico, pero, ¿cómo explicar que tantos colaboradores sí las tuvieran y su jefe no se enterara?

Otro caso, el de Eduardo Bours en Sonora. Es inadmisible la actuación de la Procuraduría estatal luego del incendio que segó la vida de 47 bebés y lo dicho por Bours de que las acusaciones del IMSS contra la Secretaría de Finanzas en cuya bodega se inició el incendio, son “una cortina de humo” (¿podría él haber utilizado una descripción peor para referirse al incendio en el cual murieron, la mayoría asfixiados por el humo, los bebés?). Mientras tanto decidió encarcelar a un grupo de trabajadores, ni siquiera funcionarios, de nivel medio para abajo, incluidos algunos que tuvieron una relación por lo menos tangencial con los hechos. Y al mismo tiempo consideró que los dueños de la guardería (sus colaboradores o sus familiares y que ya han abandonado Sonora o, por lo menos, Hermosillo) no pueden ser procesados por las autoridades porque la guardería “era subrogada al IMSS”. Tampoco ha procesado a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas ni ha explicado por qué el incendio pudo durar 20 minutos en la supuesta bodega de placas del gobierno del estado sin que nadie se diera cuenta de ello o por qué en la misma no había ni extintores ni detectores de humo ni salidas de emergencia y, obviamente, tampoco señalización de las mismas, como lo ordenan las normas de la Secretaría del Trabajo y el reglamento de prevención de incendios del municipio de Hermosillo. Tampoco se ha consignado a quienes realizaron las inspecciones y dijeron que la guardería estaba en “óptimas condiciones”, pero sí a unos bomberos cuyo delito fue haber ido a dar unas pláticas a ese sitio sin percatarse de que no se cumplían todas las normas de seguridad.

La lista de irresponsabilidades e intentos de ocultamiento es excesiva y simplemente demuestra que no se quiere asumir responsabilidades mínimas ante la tragedia. Y que ésta se haya producido a un mes de las elecciones no puede ser una justificación (como tampoco el que se pida no realizar operativos contra funcionarios involucrados en el narcotráfico, por esa misma razón electoral).

Historias como éstas, desgraciadamente, hay muchas más. Por ejemplo, la declaración del jefe de Gobierno capitalino de que la policía del DF, luego del News Divine, se ha reformado tanto que hoy cuenta con la aceptación de 50% de la población. ¿De verdad lo cree Marcelo Ebrard? Por lo pronto, en todas las delegaciones del DF la mayor preocupación es la inseguridad. Y, según la Comisión de Derechos Humanos del DF, su enojo es porque no se ha dado esa reforma y además debido a que la mayoría de sus recomendaciones sobre el caso han sido ignoradas por el GDF.

Cada vez son más las autoridades en el país que desean ejercer el poder, pero sin enfrentar sus compromisos.