El efecto Cassez

Pascal Beltrán del Río

Bien dicen que en política no hay casualidades ni coincidencias.

Por eso, se requiere una gran dosis de ingenuidad para no reconocer un aprovechamiento electoral en la decisión del gobierno federal de no repatriar a la ciudadana francesa Florence Cassez, misma que aún no se anuncia oficialmente pero que Excélsior adelantó en exclusiva mediante una nota de mis compañeros Gerardo Galarza y Lemic Madrid.

Si la decisión no tuviera implicaciones para las relaciones exteriores de México, podríamos decir que simplemente obedece a una legítima promoción del gobierno de Felipe Calderón como una autoridad comprometida a dar la batalla frontal contra la delincuencia.

Sería erróneo afirmar que el gobierno federal no ha sido enormemente exitoso en posicionar esa lucha como un valioso activo. Y también lo sería no reconocer que el PAN le ha sacado gran provecho, al convertir la actual elección intermedia en una especie de plebiscito en torno de la figura presidencial y el tema de la seguridad.

Gracias a que Calderón es percibido como un Presidente que ha combatido con mayor seriedad al crimen que sus antecesores —y también por la ineficacia de la oposición en colocar bajo los reflectores la situación económica del país—, Acción Nacional pelea con el PRI, de manera cerrada, por ser el partido con mayor número de escaños en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados.

No en vano el spot de campaña del PAN que más se repite es aquel de que las policías se corrompieron hace mucho tiempo, pero “este Presidente decidió entrarle en serio” a la lucha contra la delincuencia.

Hasta ahí, la negativa de repatriar a Cassez, una francesa acusada de secuestro en México y condenada a 60 años de prisión por ese motivo, parecería una pieza más de la artillería panista en campaña.

La idea de un Presidente tan firme en su determinación de luchar contra la delincuencia que no repara en la nacionalidad de una secuestradora es, sin duda, un buen argumento para contrarrestar la opinión de aquellos que ven en la cifra creciente de ejecuciones una muestra de que la guerra contra el crimen no da visos de que pueda ser ganada.

Sin embargo, la historia de desencuentros con Francia por el caso de Cassez parece haberse metido —con el rechazo de trasladar a la convicta a una cárcel francesa, unos días antes de las elecciones— en un peligroso callejón sin salida.

No dudo que el PAN ganará algunos votos el 5 de julio gracias al manejo de este affaire. Lo que hay que preguntarse es si serán suficientes para justificar el envenenamiento de la relación bilateral.

Convengamos en que México no vive su mejor momento en el plano internacional. Fuera de Colombia y Costa Rica, no hay un buen ambiente para México en el vecindario latinoamericano.

Tampoco con Estados Unidos han quedado totalmente planchados los recientes desaguisados sobre la situación en la frontera, pese a una relevante visita del presidente Barack Obama.

Mientras tanto, en el mundo financiero tenemos la imagen de un país que no toma con suficiente seriedad el boquete en sus finanzas públicas.

Es decir, como que ahora no estamos en el mejor momento para incendiar las relaciones con París.

Si piensa que exagero, le pido que espere a que el gobierno mexicano haga oficial la decisión, ya tomada, de la que le informamos aquí. De no echarse para atrás, vendrá una virulenta reacción del gobierno francés, así como de la Asamblea Nacional, la prensa y la sociedad de aquel país.

Y es que así como en México existe la opinión mayoritaria de que Cassez es una secuestradora despiadada que no merece un debido proceso —a diferencia de lo que sucedió con Raúl Salinas—, en Francia existe una extendida indignación por el hecho de que el Poder Judicial mexicano haya permitido que se consignara un caso que el juez más torpe de Francia habría desechado sin pensarlo dos veces.

Quizás ese sea el cálculo: provocar tal reacción para luego apelar al predecible nacionalismo mexicano. En una circunstancia así, será fácil que muchos compatriotas griten que los franceses no han olvidado el intervencionismo por el que fueron mundialmente conocidos, y del que México fue víctima recurrente durante el siglo XIX.

Sin embargo, eso no evitará que los familiares de Cassez abran causas contra funcionarios policiacos mexicanos en tribunales franceses e incluso en algunos internacionales; que se difunda a nivel mundial que la policía mexicana recreó la detención de la secuestradora y sus cómplices para la televisión; que se sepa que el país que propuso usar la Convención de Estrasburgo para salir del atolladero fue México, y que se abra la posibilidad de que en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción reconoce nuestro país, un día se nos venga encima un fallo desfavorable y obligatorio.

No nos confundamos: aquí no se trata de lo que pensemos usted y yo sobre Florence Cassez. No importa que para muchísima gente sea obvio que ella sí participó en los plagios que se le imputan, y que opine que la francesa merece pudrirse en Tepepan. Tampoco se trata del dolor de las víctimas de la terrible banda Los Zodiaco…

El problema no es moral, sino legal y diplomático: lo que está en juego es la honorabilidad del país, no sólo por dar validez al montaje referido —lo cual compromete sus compromisos internacionales—, sino que se le haya tomado el pelo a un gobierno identificado ideológicamente con el de México y que, en otras condiciones, habría sido un aliado importante en momentos de turbulencia.

En los próximos días seguramente saldrán a la luz las características y consecuencias de ese engaño, cuyo epílogo es el anuncio de la decisión de no repatriar a Cassez en vísperas de elecciones, cuando nada lo hacía urgente.