Crisis real, reforma virtual
Pascal Beltrán del Río
Hace menos de un año, en julio de 2008, cuatro prominentes priistas visitaron la Residencia Oficial de Los Pinos para entrevistarse con el Presidente de la República.
Lo que Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Francisco Labastida querían decir a Felipe Calderón es que los signos de la economía internacional se estaban deteriorando rápidamente y que estaban dispuestos a apoyarlo para poner al país a buen resguardo ante lo que, entonces se pronosticaba, sería una “tormenta perfecta”.
De cara a esa amenaza, que unos meses después se materializó con características terribles para México, los visitantes se ofrecieron a “ayudar” al Presidente a impulsar en el Congreso las iniciativas que pudieran contribuir a fortalecer las defensas financieras del país.
Sería ingenuo pensar que los priistas actuaban por puro fervor patriótico. Naturalmente esperaban algo a cambio de su apoyo. Lo sorprendente de esta historia es saber que la respuesta del Presidente, según me cuentan, no fue un quid pro quo (o dando y dando, como se dice en buen chilango), sino algo que dejó estupefactos a sus interlocutores.
“Les voy a pedir dos cosas”, dijo Calderón. “Primero, que no se sepa lo que acabamos de discutir aquí; segundo, que salgan por la Puerta 4 para que los medios no se den cuenta de que estuvieron aquí”.
En seguida, el Presidente se volvió para ver al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien, a principios de año, había buscado calmar los ánimos con su diagnóstico de que México apenas enfrentaría un “catarrito” si la economía de Estados Unidos desarrollaba la proverbial pulmonía.
“Agustín: sigamos manejando un discurso optimista”, ordenó el Presidente. “No debemos asustar a la gente”.
Cuando entrevisté a Calderón en febrero pasado, le pregunté si había tenido la mejor información por parte de su equipo económico a fin de tomar decisiones difíciles en el contexto de una recesión. Me respondió de una forma que considero honesta: nadie podía prever las consecuencias que tendría para el mundo entero el que el gobierno estadunidense no hubiera rescatado al banco de inversiones Lehman Brothers.
Es cierto, una corrida contra las finanzas internacionales como la que se dio era difícil de imaginar.
Sin embargo, como lo muestra la anécdota de la visita de los cuatro priistas a Los Pinos, hay evidencias de que, aun teniendo información sobre la crisis, el gobierno federal ha decidido hacerle frente con medidas escenográficas o cortoplacistas, así como cierta dosis de negación, antes que con acciones concretas.
Y la razón parece ser la poca disposición de pagar el costo político de aplicar medidas dolorosas pero necesarias.
Por ejemplo, ¿qué ha quedado de aquel anuncio, hecho el 7 de enero pasado, de un “acuerdo nacional” —así se le llamó, aunque sólo consistiera en promesas unilaterales— para estimular la economía y generar empleos?
Fuera de la foto, para la que se convocó a diversas personalidades de la política y los negocios, muy poco se ha hecho realidad.
Incluso, la lentitud en realizar muchas de las inversiones que se anunciaron a principios de año ha suscitado un debate con legisladores del PRI, quienes se dicen extrañados por la celeridad con que se les pidió impulsar un conjunto de reformas legales para facilitar el gasto del presupuesto en medidas anticíclicas y la aparente parsimonia del Presidente para promulgarlas (crítica a la que la Secretaría de Gobernación respondió, hace unos días, que el Ejecutivo las está analizando).
Es verdad que el brote de influenza obligó al gobierno federal a destinar tiempo y cuantiosos recursos a su atención, y agravó la situación económica con el paro de actividades de negocios y la cancelación de viajes de turistas extranjeros hacia nuestro país.
Sin embargo, también lo es que las dudas que penden sobre la viabilidad de la economía mexicana nada tienen que ver con la capacidad de las autoridades para hacer frente a emergencias sanitarias como la que se presentó recientemente —la cual está suficientemente probada—, sino con la fortaleza de las finanzas públicas.
Diversos actores económicos —el FMI, el BID y las calificadoras de deuda, entre otros— han expresado su preocupación sobre la disminución de ingresos que enfrenta y seguirá enfrentado el fisco mexicano, lo cual colocará al gobierno ante la disyuntiva de aumentar impuestos, contratar más deuda o recortar su gasto.
Por eso es difícil estar de acuerdo con la expresión de Calderón en el sentido de que su gobierno ha enfrentado estos desafíos económicos “con determinación y certeza para resolverlos” (Excélsior, 11/VI/09).
Al contrario, como escribí aquí hace dos semanas, el gobierno y su partido no han mostrado el liderazgo requerido por las circunstancias a fin de sacar adelante una reforma tributaria de fondo que ya resulta impostergable, y que ellos deben impulsar antes que nadie.
Es más, el líder del PAN, Germán Martínez, declaró en una entrevista con Reuters —de la que dimos cuenta en estas páginas— que su partido “bajo ninguna circunstancia” iría a una reforma de ese tipo.
Quizá por ello se envió a Carstens a Nueva York a calmar los ánimos de los actores financieros internacionales y a prometer que, pese a todo lo que el PAN ha dicho sobre el PRI en la presente temporada electoral, ambos partidos serán capaces de aprobar juntos una reforma tributaria significativa en la próxima Legislatura.
Es decir, una reforma virtual para paliar la críticas y dudas que llegan desde el extranjero, así como para tapar la incapacidad de la clase política de admitir que la bonanza petrolera del país se terminó y, acaso también, ganar tiempo a fin de que el PAN puede salvar la cara en las próximas elecciones.