Votos inútiles
Gerardo Galarza
Según cifras oficiales del Instituto Federal Electoral, 28.94% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (los probables votantes) son menores a 30 años de edad.
Así, es fácil deducir que para 22 millones 422 mil 37 ciudadanos (como dato: ningún candidato presidencial alcanzó esta cifra en toda la historia electoral del país), la alternancia democrática en el poder tiene poco significado en su vida política. Ellos nacieron entre 1980 y 1991. Unos eran niños y otros no habían nacido cuando el fraude electoral en Chihuahua en 1986 y el de la elección presidencial de 1988; tampoco en la primera victoria de la oposición en una gubernatura en 1989, y los fraudes en Guanajuato y San Luis Potosí en 1991.
Otro 25.08% de esa lista nominal (19 millones 426 mil 796 electores) nació entre 1970 y 1979, el año de la aplicación de la primera reforma política más o menos profunda; en 1976, el priista José López Portillo fue candidato único a la Presidencia de la República, mientras Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano (PCM) sin registro legal, recorría el país pidiendo a los mexicanos que votaran por él, como una forma de protesta; algunos de esos ahora votantes eran bebés el 10 de junio de 1971 y ninguno de ellos había nacido el 2 de octubre de 1968. De otra manera: se requiere haber nacido en 1925 para haber votado (recuérdese que antes la edad mínima era de 21 años) en la elección de 1946, cuando 29 años después de la promulgación de la Constitución, se reconoció el primer triunfo opositor a cuatro candidatos a diputados federales y un año después para la primera presidencia municipal (la de Quiroga. Michoacán), cuando a las mujeres mexicanas les faltaban seis años para que se les reconociera su derecho a votar, 36 después de la misma Constitución de 1917.
Y entonces todavía faltaban muchas batallas: el llamado henriquismo, movimientos sociales como el de los ferrocarrileros y luchas electorales como las del primer navismo de San Luis Potosí al inicio de los 60 y, años más tarde, de los panistas de Yucatán y Baja California. Y las que vendrían después, incluidas las de aquellos que no creyeron en los votos y los cambiaron por la pesadilla de las armas. El breve recuento de las luchas de millones de mexicanos, que finalmente triunfaron, debería ser el de un campo árido para el desesperado y desesperante llamado a la abstención, presuntamente para “protestar” contra la partidocracia que, ciertamente, se ha apoderado de las instituciones que deberían promover el crecimiento democrático de México.
Hoy resulta que ese grandísimo y costoso esfuerzo no sirvió. Eso creen aquellos, ciudadanos y partidos, que piensan que la democracia es un sistema que se agota en la emisión y el cómputo de los votos. Ya sabemos que no sólo de trataba de “sacar al PRI de Los Pinos”, sino de acabar con la cultura política que nació, creció, se consolidó en los 70 años que ese partido se impuso en México y, lamentablemente, prevalece nueve años después de la primera elección presidencial ganada por la oposición. Está demostrado que la actual ley electoral, responsabilidad de diputados y senadores en activo, es la más regresiva de los años recientes, que se requieren reformas como la reelección, mínimos de participación y de votación para hacer válidas, legales y legítimas las elecciones, que se deben incrementar los porcentajes de votación para que los partidos mantengan sus registros, que son necesarias y urgentes las candidaturas independientes… y lo que se acumule.
Eso es lo que ahora hay que cambiar y se cambia a punta de votos, no con la abstención. Los votos de los mexicanos que lucharon desde hace casi 80 años no deben ser inútiles.