DOMINGO 22 de noviembre del 2009

Aplazan juicio contra ex agentes de la CIA

AP y EFE

ROMA.— El juicio que se celebra en Milán por el secuestro del imán Abu Omar, en el que están acusados ex agentes de los servicios secretos italianos y de la CIA, fue aplazado de nuevo a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional sobre el secreto de Estado impuesto sobre el caso.

El juez de Milán Oscar Magi decidió aplazar la vista oral hasta el próximo 18 de mayo, mientras se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la imposición del secreto de Estado por parte del gobierno italiano, lo que impide que se revele cualquier tipo de operación de los servicios secretos del país.

La Fiscalía de Milán había pedido al Tribunal Constitucional que se pronunciase sobre este conflicto de competencias, pues considera que el secreto de Estado no se puede alegar en relación a hechos subversivos del orden constitucional, como es el secuestro de una persona.

En 2007, el Constitucional admitió estudiar el recurso presentado por la Fiscalía, pero no ha tomado una decisión.

El proceso, que comenzó el 8 de junio de 2007, se ha visto interrumpido en numerosas ocasiones debido a que tanto los acusados como las personas llamadas a declarar se acogen al secreto de Estado para no prestar declaración.

Durante la vista de hoy, uno de los principales acusados, Nicolò Pollari, antiguo jefe de los servicios secretos militares italianos (SISMI), explicó a través de su abogado que “el presidente del Gobierno es el único que impone el secreto de Estado y que le ha ordenado que lo respete”.

Hace algunas semanas, Berlusconi reiteró en una carta, que fue leída durante el proceso, que las relaciones entre servicios secretos italianos y extranjeros están bajo secreto de Estado para “garantizar la credibilidad en las relaciones internacionales” y pidió a los agentes que respeten ese silencio.

Ante la nueva negativa a declarar de uno de los acusados, uno de los fiscales del caso, Armando Spataro, denunció directamente al presidente del gobierno, Silvio Berlusconi, y a su antecesor, Romano Prodi, de utilizar el secreto de Estado para obstaculizar a la justicia.

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