Jueces rehúyen caso Comerci y suenan Quijano y Ramírez Ornelas

Darío Celis

Nada, que otra vez se rechazó la solicitud de concurso mercantil para Comercial Mexicana, proceso que no se descarta impugnar por los burdos motivos que esgrimió ayer el Juzgado Primero en Materia Civil del Distrito Federal.

Y es que la jueza Irma Rodríguez Franco no le quiso entrar a este controvertido tema y optó por echar mano de un argumento endeble, que contraviene la propia ley en la materia.

Por lo que se sabe, el juzgado declaró que la cadena propiedad de Carlos González Zabalegui no se ajustaba al segundo supuesto del artículo 10 de la Ley de Concurso Mercantil, que le hubiere permitido la admisión del trámite.

La jueza Rodríguez, en un evidente ánimo de no llevar el caso, consideró que Comerci no exhibió los activos líquidos para hacer frente a por lo menos 80% de su deuda, que como es público, la reportó en 2 mil millones de dólares.

Sin embargo, existieron varios errores atribuibles a la jueza, como el pretender que Comerci registrara como esos activos líquidos las acciones de sus subsidiarias cuando éstas no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Tanto en el caso de este Juzgado Primero en Materia Civil como en el Juzgado Séptimo, a cargo de otra mujer, Concepción Martín, faltó comprensión de las operaciones financieras con derivados.

Operaciones con instrumentos derivados se ha convertido en una frase genérica para los jueces, quienes con ese concepto están denominando otro tipo de transacciones financieras, lo cual, de origen, resulta equivocado.

Ciertamente no se trata de un tema sencillo, de ahí que no es descartable que más de un juez le rehúya al asunto. Hasta ayer por la noche se analizaba si se impugnaba la decisión o si se buscaba una tercera alternativa.

Vale la pena subrayar que no existe presión de los acreedores por impedir que Comerci se acoja al Concurso Mercantil. De hecho, son los principales interesados en que se establezca una vía institucional para reestructurar.

No ha faltado quien diga que Banamex-Citi, de Manuel Medina Mora; Goldman Sachs, de Martín Werner; Santander, que lleva Marcos Martínez; Barclays, que encabeza José Antonio González; Merrill Lynch, a cargo de Alberto Ardúa; y JP Morgan, de Eduardo Cepeda, estén obstaculizando el proceso.

En donde sí no han fijado postura estas instituciones que suscribieron los contratos de derivados es en la selección de un litigante común, que para el caso de la cadena de tiendas es Salvador Rocha Díaz.

Se han semblanteado algunos candidatos, como los afamados Javier Quijano y Gerardo Ramírez Ornelas, pero no hay ninguna decisión. Ya existe el abogado corporativo, que es White & Case, que capitanea Alexis Rovzar.

Onexpo logra

Un aspecto de la reforma a Pemex que pasó inadvertido es el nuevo estatus que cobran las franquicias tras la modificación del artículo 27 constitucional. Nos referimos a casi nueve mil gasolinerías en todo el país. Sus titulares adquieren un nuevo rol de socios de la paraestatal, luego de que en los contratos se introducen algunos cambios que fortalecen y profesionalizan más la relación bajo un concepto de reales franquicias y no concesiones, como se manejó antaño. En este tema jugó un papel destacado Francisco Gallardo, el empresario gasolinero de Sonora que lidera la Onexpo, gremio que cabildeó el tema ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que lleva Agustín Carstens; Energía, a cargo de Georgina Kessel; y Petróleos Mexicanos, que dirige Jesús Reyes Heroles.

Volaris busca

En efecto, en 60 millones de dólares se calcula inicialmente el quebranto que Volaris sufrió por la contratación de coberturas petroleras. La apuesta corrió por cuenta de un comité de finanzas que se creó al interior del grupo donde figuran como accionistas Protego, de Pedro Aspe; Televisa, de Emilio Azcárraga; Inbursa, de Carlos Slim; y TACA, de Federico Kriete. El consejo estuvo en todo momento informado por ese comité, integrado por el director general, el financiero y tesorero, Enrique Beltranena, Fernando Suárez y René Morán, respectivamente. Ese comité es el que ahora se encuentra en medio de la difícil tesitura de rendir cuentas.

Sare renegocia

Sare, la de Dionisio Sánchez, es otra compañía que prácticamente concluyó la renegociación de pasivos de corto plazo. La desarrolladora de vivienda tiene deudas por mil 129 millones de pesos, de los que la mitad son créditos quirografarios que se están sustituyendo por créditos puente y recalendarizando a 36 meses. Las negociaciones que se llevan a cabo son con BBVA-Bancomer, que comanda Ignacio Deschamps; Santander, que lleva Marcos Martínez; Banamex-Citi, que dirige Enrique Zorrilla; Banorte, que encabeza Alejandro Valenzuela; y HSBC, que preside Luis Peña. La compañía está bien pertrechada para lo que viene.

Sólo Cinépolis

Pese y a cuál sea el derrotero de Cinemex, hasta ayer ni MMCinemas, de Germán Larrea, ni Cinemark, de Roberto Jenkins, habían notificado a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) su interés de adquirir esa cadena. El aval de la instancia que preside Eduardo Pérez Motta es necesario, dado que la transacción económica rebasa los umbrales que establece la ley. Se habla de no menos de 300 millones de dólares. Cinépolis, de Alejandro Ramírez, ya inició el trámite.

Tras Vitacilina

La novedad es que el Juzgado 32 de lo Penal del Distrito Federal giró, la semana pasada, una orden de aprehensión en contra de Takashi Tsuru Kayaba por fraude. Hasta donde se tiene información, el empresario de 76 años ya dejó el país y se le ubica en McAllen, Texas. El asunto tiene que ver con la pelea por el control de Laboratorios KSK, que produce Vitalicina, Derman y Rocainol. La demanda fue interpuesta por su hermano Maseru, que busca retomar el control de la compañía que dejaron en 2007.

SAT requiere

Y donde las cosas se están poniendo difíciles es en el periódico El Economista, que tiene como principal accionista José Cerrillo. Sucede que Soluciones y Administración de Recursos, que es la compañía en donde se encuentra concentrada la plantilla de personal, fue requerida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al parecer, la firma editorial está reteniendo el pago de impuestos al organismo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo que habla de la difícil coyuntura de falta de liquidez que afronta.