El costo de la eficiencia pega al desempleo: BID

Nancy Díaz

Según describe el nuevo Informe de Progreso Económico y Social en América Latina 2008 (IPES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos de cada tres latinoamericanos tienen una visión “negativa” sobre las privatizaciones que han observado en sus países. Y no sorprende, dadas las consecuencias que han experimentado algunos.

“En la más reciente consulta de Latinobarómetro, la cual cubre a 17 países, sólo 30 por ciento de los entrevistados dicen estar satisfechos o muy satisfechos” con la privatización de los servicios públicos, considerando los precios y la calidad”, destaca el informe. Más allá de los precios y la calidad, una de las posibles razones de esta perspectiva reside en primera instancia en el efecto del mercado laboral.

El incremento de la productividad de las nuevas empresas privadas está relacionada con un mejor manejo de la estructura de costos, y en consecuencia, con una reducción de la planta laboral o de los beneficios de seguridad social que recibían. “Y en lo particular, es muy común que los empleados que fueron recortados de la empresa pasen a formar parte del sector informal. Con ello, pierden una fuente estable de ingresos y el acceso a beneficios sociales”.

El BID añade que esto tiene una buena lógica detrás, ya que las empresas públicas son buenas generadoras de empleo para “fines políticos”. Así que el recorte de empleos es necesario para convertir a la empresa en un ente más eficiente. Aunque el organismo admite que la reducción de empleados no es la única fuente del proceso de reducción de costos de las empresas, pues también se ha comprobado que el sueldo de las empleados que se quedan sufre efectos positivos.

“En México, una muestra de sueldos de empresas privatizadas creció en promedio 76 por ciento entre 1983 y 1994, mucho más que en el resto de la economía. Más sorprendente es que los sueldos de los trabajadores de cuelloblanco crecieron 122 por ciento en el mismo periodo”. Entonces, el problema central se concentra en aquellos que sufrieron el recorte. La investigación detalla que por su perfil, edad, y habilidades, difícilmente logran un empleo con beneficios similares. Y lo que es más común, es que en este grupo se encuentren los más vulnerables de la sociedad.

Por otro lado, el paquete de compensación económica que obtienen tras su despido en promedio se lo terminan en dos años, “usualmente en la compra de una casa o en la generación de un micronegocio, que en la mayor parte de los casos termina fracasando”.

Por todo lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) observa que los beneficios de la privatización se concentran desde la perspectiva del ciudadano como consumidor.

“Un estudio de 2003 reveló que la privatización de los servicios de electricidad y agua en Argentina, generó efectos positivos en todos los grupos económicos de la sociedad. En Bolivia, la privatización de las telecomunicaciones benefició principalmente a la clase media”.

En el caso de la electricidad, se observa que los efectos positivos no se limitan únicamente al servicio directo, sino también a los efectos secundarios. “Tener este servicio de forma continua y sin interrupciones, impacta la calidad de los alimentos y la salud de la población.

Por otro lado, menores interrupciones reducen los costos de mantenimiento de las redes... efectos similares se observan con servicios de agua”, destaca.

“En el caso de las telecomunicaciones, se observó la expansión del servicio a zonas antes excluidas... cabe notar que ello no fue como consecuencia de la buena voluntad de las empresas, sino como exigencia de las autoridades”.

Ante la evidencia mostrada, el análisis del organismo internacional concluye que “las privatizaciones pueden ser socialmente inclusivas, pero la extensión de sus beneficios a los más vulnerables debe estar fundamentada en una regulación gubernamental impuesta a las empresas privatizadas”.