Detienen a maestras por abuso a menores
Bertha Reynoso
COLIMA. Nuevas pruebas, esta vez con fotografías y testimonios adicionales, obligaron a la juez penal Elsa Isabel Gutiérrez a librar una orden de aprehensión en contra de Asunción León Pizano, de 46 años, y Elizabeth Licea Ochoa, de 26 años, propietaria y trabajadora de la guardería AZU, en el municipio de Villa de Álvarez, por presunto abuso sexual en contra de diez preescolares. La orden se ejecutó cuando la dueña pretendía huir del estado.
El pasado 10 de junio, cinco padres de familia denunciaron a las maestras por supuesto abuso sexual y corrupción de menores. Posteriormente, las profesoras fueron detenidas, pero como la ley no considera el delito como grave, se permitió su libertad bajo fianza.
El sábado pasado, uno de los padres de familia presentó una nueva denuncia; aportó pruebas fotográficas que muestran cómo a algunos niños les quitaban la ropa. Al respecto, el procurador estatal, Arturo Díaz Rivera, informó que “se aportó medios de prueba importantes y contundentes testimonios y fotografías, (en que) se observan niños y niñas bailando y cómo algunos se quitan la ropa y bailan en ropa interior”.
El procurador señaló que las fotografías fueron motivo suficiente para que el MP le pidiera a la juez negar la libertad baja caución de las mujeres.
“Nosotros pensamos que con las pruebas agregadas a la nueva averiguación, la juez tendrá que razonar jurídicamente la negativa que le estamos pidiendo para que no libere a esas personas.”
Díaz Rivera explicó que el caso no está cerrado y aún se investiga si existen más personas involucradas y más niñas y niños afectados, tomando en cuenta que eran 20 los que acudían a la guardería.
Por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, las inculpadas podrían recibir una condena de diez a 11 años de prisión, por cada una de las ocho denuncias hasta ahora presentadas.
fantasmal
Ubicada a tres cuadras de la alcaldía, la autoridad no sabía de la guardería:
La estancia infantil no cuenta con registro ante la SEP ni forma parte del sistema de guarderías que supervisa y vigilan DIF, ISSSTE o IMSS; tampoco contaba con licencia de funcionamiento del municipio ni era regulada por la Secretaria de Salud.
Una de las maestras del jardín de niños fue quien, después de sorprender a dos menores tocando sus partes intimas, denunció el caso a la dirección y posteriormente a las autoridades. Según los menores, la directora de la guardería los obligaba a practicarle sexo oral.