PRI y PAN cierran filas contra consulta
Leticia Robles De La Rosa
PAN y PRI cerraron filas ayer en contra de que el futuro de Pemex se decida en una consulta pública, como buscan el PRD y su líder Andrés Manuel López Obrador.
Manlio Fabio Beltrones, del PRI, aclaró al PRD que la disposición del artículo 26 Constitucional para que el Ejecutivo pueda realizar una consulta pública se refiere exclusivamente al Plan Nacional de Desarrollo, no a otros aspectos de las decisiones federales.
“Sería irresponsable que se utilizase (la consulta) como arma política convenenciera y no como una figura que le dé poder de decisión a la ciudadanía”, advirtió Beltrones, quien hizo notar que el foro organizado por el Senado ha dejado claro que los expertos sí quieren la reforma y rechazan la privatización.
“Sería necio seguir insistiendo en metodologías que dilatan las decisiones que debemos tomar los mexicanos para ayudar a que la economía de México crezca”, insistió.
Santiago Creel, coordinador de los senadores del PAN, destacó que la consulta que promueve el PRD sólo pretende descarrilar la reforma, en perjuicio de todos los mexicanos.
En tanto, ayer los seis coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) plantearon que el Congreso convoque al Ejecutivo a realizar la consulta a nivel federal, pues de forma implícita admitieron que ellos no representan la voluntad del pueblo mexicano.
“Negarse a escuchar su opinión (del pueblo) implicaría que cualquier decisión tomada por las elites políticas y los poderes económicos, nacionales y extranjeros y avalada por las Cámaras legislativas sería cuestionada por una gran parte de la ciudadanía, lo que abriría paso a la inestabilidad social”, precisa el documento enviado ayer a las juntas de Coordinación Política en el Senado y la Cámara de Diputados.
Los coordinadores parlamentarios propusieron solicitar a la UNAM y a las organizaciones cívicas reconocidas, su participación para la elaboración de la lista de preguntas que se presentará a los ciudadanos en la consulta popular.
También solicitar la participación del Instituto Federal Electoral (IFE) como organizador y que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestal extraordinaria para financiar la organización de la consulta.
Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, aclaró que no tienen el cálculo de cuánto cuesta una consulta de este tipo, pero advirtió que “es obvio que ese costo como tal nos parece un asunto mínimo en comparación a lo que pueden significar estos problemas sociales que podríamos enfrentar”.