La OCDE desregula a México

Nancy Díaz

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sentenció que México “realmente” tiene un problema en su marco regulatorio, razón por la cual colaborará para hacer un “dragado” en su acervo de leyes y reglamentos.

Stéphane Jacobzone, economista de la división de reforma regulatoria del organismo internacional, dice que mientras el resto de los países miembros de la OCDE están haciendo un “gran esfuerzo” por mejorar su sistema regulatorio, México apenas está reconociendo el problema.

“Todos los países están haciendo un gran esfuerzo por mejorar su sistema regulatorio, pues comprenden que es fundamental para mantener un buen ritmo de crecimiento en el largo plazo. En Europa se tiene planeada una reducción de 25 por ciento en cargas administrativas para 2010 o 2012. Nosotros creemos que sí es posible, y lo que venimos a discutir es cómo hacer para que México también pueda alcanzarlo”.

El economista que visitó el país para colaborar con el esfuerzo de reducir la carga regulatoria que persiste, aseguró que de no comenzar con acciones puntuales, lo más seguro es que el país retroceda en términos de competitividad a escala mundial.

Concientes de este diagnóstico, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) impulsó un ejercicio de revisión o dragado regulatorio, que tendrá como objetivo evaluar las leyes y reglamentaciones vigentes en sectores económicos prioritarios.

Carlos García Fernández, titular de la entidad gubernamental, aseguró que ya no se harán más diagnósticos sobre el problema de sobrerregulación que experimenta México, pues el “país está sobrediagnosticado. Lo que se necesita son acciones, echar manos a la obra y resolver el problema”, agregó.

Este ejercicio en donde participarán especialistas de la OCDE, así como expertos de Reino Unido, Países Bajos, Australia y Canadá, empresarios mexicanos, integrantes de los Comités de Competitividad de las cámaras de Diputados y Senadores, así como representantes de la Conago y del Poder Judicial, buscará adelgazar la regulación y los excesivos procedimientos que desalientan la actividad económica.

“Hay capas geológicas que atrapan al ciudadano, que dificultan crear espacios para el desarrollo. Son capas de legislaciones creadas desde 1917, algunas de las cuales ya son obsoletas y que mantienen su vigencia, obstaculizando el crecimiento”.

Determinó que este proceso es una especie de “reforma estructural silenciosa”, porque no es de las que tiene todos los reflectores públicos, pero sí tiene a todos los actores necesarios.

Carlos García recordó que actualmente, el costo en PIB por la excesiva regulación fluctúa entre 10 y 12 por ciento del PIB, en donde entre tres y cinco puntos son costos directos.