Las dos reformas de la mano

Roberto Jiménez y Alicia Valverde

Es recomendable que en la reforma energética que se discute actualmente se consideren varios aspectos relacionados con el sistema fiscal mexicano,afirmó Gabriel Pérez del Peral, director de Economía de la Universidad Panamericana (UP).

“Se necesita una reforma fiscal que le permita al gobierno federal desvincularse de la volátil renta petrolera, y es un hecho que lo que se hizo en 2008 no lo logró”, destacó, “por eso las reformas fiscal y energética deben ir de la mano”.

Lo anterior aplica tanto en relación al dinero que se entrega a los gobiernos estatales, como en el caso de los fondos de estabilización que tienen diferentes objetivos.

“Hay que decirlo, no se tiene la certeza de lo que ocurre en el ejercicio de los recursos al interior de las tesorerías estatales. Las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, y la misma Auditoría Superior de la Federación, tienen muchos problemas para poder fiscalizar estos recursos”.

Para el académico, no se trata de un fenómeno aislado, ya que forma parte de la problemática que enfrenta el concepto del federalismo fiscal a lo largo y ancho del país.

“Pasa lo mismo con los municipios, no solamente en los estados”, dijo, “la fiscalización ha dejado mucho que desear por la naturaleza del sistema fiscal mexicano”.

En ese sentido, Pérez del Peral señaló que es necesario que se logre una simplificación en las finanzas públicas del país, y para ello se requiere de reformas fiscales más profundas que las aprobadas durante el año pasado.

Alonso Lizaola, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coincidió en que la fórmula para distribuir los recursos petroleros adicionales podría mejorarse.

“Primero que nada, la fórmula es perfectible”, afirmó, “mi idea es que los ingresos excedentes pudieran destinarse a los estados en los que haya más rezagos en aspectos como salud, educación e infraestructura, pero dejar tal vez un porcentaje fijo para inversión en infraestructura de Pemex”.

Y es que de acuerdo con el legislador, la paraestatal no recibe una cantidad suficiente de los excedentes para hacer frente a los rezagos que acumula desde hace años.

“En el tema de inversión para infraestructura de Petróleos Mexicanos, la verdad no ha sido mucho (el monto que se recibe de excedentes)”, mencionó, “y es algo por lo que nosotros queremos pugnar”.

Sin embargo, Lizaola agregó que esos recursos no deberían limitarse solamente al sector petrolero, ya que es factible pensar en fondos para impulsar al sector energético en su totalidad, que por ejemplo podrían beneficiar también a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, el diputado también consideró que es indispensable perfeccionar los mecanismos de control sobre el uso que se les da a los recursos que adicionalmente son percibidos por la venta de petróleo.

“Sin duda hay controles, pero es importante que este tema se audite, se analice, y que el dinero realmente se aplique en la causa a la que fue orientado”, dijo, “lo desconozco, pero no dudo que pueda existir alguna tentación por darle algún otro uso”.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2007 el gobierno federal registró excedentes petroleros del orden de 46 mil 653 millones de pesos.

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) publicada en 2006, esos recursos extra se destinan en 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 25 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIPEMEX), 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).

El diez por ciento restante se entrega a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Al respecto, Pedro Carreón, de la consultoría PricewaterHouseCoopers, refirió que el diez por ciento que se destina a programas de infraestructura en los estados no se puede considerar como poco, toda vez que se trata de un excedente.

“En realidad se va un 35 por ciento a las entidades federativas, aunque solamente está etiquetado para infraestructura, pues el 25 por ciento de los ingresos que se destina a las entidades, en muchas ocasiones se utiliza para compensar ingresos por eventualidad, no necesariamente a infraestructura”, señaló.

De acuerdo con la LFPRH, al cierre del año pasado se entregaron 18 mil 661 millones de pesos al FEIP, 11 mil 663 millones de pesos al FEIEF, cantidad similar a la que recibió el FEIPEMEX, mientras que las entidades federativas se quedaron con 4 mil 665 millones de pesos.

Gabriel Pérez del Peral, de la Universidad Panamericana, explicó que los fondos de estabilización tienen como objetivo hacer frente a las variaciones que se presentan en la captación de los ingresos públicos.

“Estos fondos son para compensar la volatilidad en los ingresos de los rubros a los que se refieren”, detalló, “y es que por ejemplo, se ha demostrado que en los últimos años, los ingresos excedentes del petróleo han sido mayores que los ingresos propios generados por los estados”.

Las reglas de operación de cada uno de esos fondos están debidamente publicadas, agregó el académico, pero al igual que en todo el Presupuesto de Egresos de la Federación, la transparencia es una asignatura pendiente.

Datos de la Secretaría de Hacienda indican que durante 2007 se recaudaron 8 mil 988 millones de pesos por concepto del derecho extraordinario sobre la explotación de petróleo crudo, monto del cual fueron partícipes las entidades federativas a través del FEIEF.

De ese total, cuatro mil 815 millones de pesos fueron para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, mientras que 4 mil 173 millones de pesos se destinaron para reserva del mismo fondo, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A partir de 2008, y por conducto de la SHCP, el Ejecutivo federal ha puesto a disposición de los gobiernos locales un sistema de información para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 en lo referente a Informar al Congreso de la Unión sobre el ejercicio del gasto federalizado programable, es decir, aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación.

Asimismo, la dependencia precisó que se capacitó a más de siete mil 120 servidores públicos en la operación del sistema de información mencionado, y se dio especial atención a aquellas administraciones que iniciaban su gestión.