Denuncian mala distribución de recursos al agro
Diana Teresa Pérez
De los 204 mil millones de pesos aprobados para el sector rural en este año, apenas 30 por ciento está programado para gastos de inversión, es decir para aumentar la productividad en el campo, mientras casi 50 por ciento se va en gastos de operación, o sea, sueldos de funcionarios y atención en ventanillas, denunció Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC).
A su juicio, que comparte Gerardo Sánchez, integrante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la distribución de recursos, cuando no es discrecional es puramente asistencialista, y por ello ya tienen preparadas una serie de propuestas para incentivar la economía agropecuaria.
No es posible, dijo Correa, que se destinen alrededor de siete mil millones de pesos para el programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) que está destinado sólo a los pocos productores en condiciones de exportar o comercializar en gran escala sus productos, y Alianza para el Campo tenga menos de mil millones de pesos de presupuesto y a los pequeños y medianos productores a los que va destinado se les sigan repartiendo machetes como apoyo”.
Las organizaciones campesinas van por todo y para ello elaboraron un documento conjunto que darán a conocer el 31 de enero, en el que exigen la reorientación del gasto para el campo. En el texto, uno de los ejes principales es la exigencia de un cambio en política hacia el campo… para empezar, porque “en realidad, todo el modelo económico está en crisis y por eso iremos más allá”.
Los recursos destinados al sector rural se engloban en el Programa Especial Concurrente (PEC), que este año consta de 47 programas distribuidos en varias secretarías de Estado. Sin embargo, para Sánchez y Correa “no tiene una articulación verdadera”.
Aunque no coinciden en el monto destinado a programas productivos puesto que Correa afirma que son 60 mil millones de pesos y Sánchez señala que son sólo 21 mil millones están de acuerdo en que esa cantidad es “totalmente insuficiente” y más comparándola no sólo contra el total del PEC, sino, agregan, con el casi 50 por ciento que se va a gastos de operación, que incluyen salarios de los funcionarios y demás gente involucrada.
La Sagarpa, encargada de sector, maneja 60 mil millones del total del PEC. Correa señala que de ellos, 16 mil son para Procampo, lo cual, dice Sánchez, es, o mucho para un programa que tiene una distribución muy acotada e insuficiente o poco para integrar a pequeños productores.
Ambos contrastan el monto de siete mil millones de pesos para el programa Aserca con otros destinados a los titulares de pequeñas parcelas como el Fonaes (Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad) que recibe alrededor de 800 mil pesos o Alianza para el Campo.
Sánchez pone un ejemplo más: El programa “70 y más” por medio del cual se otorgan 500 pesos mensuales a adultos mayores que habitan en localidades de menos de dos mil 500 mil habitantes cuenta con un presupuesto de seis mil millones de pesos, “y esto es uno de varios ejemplos, es decir, el rubro asistencial es más ancho que el productivo”.
Ahí no acaba la queja. Además de “insuficientes”, señalan que para poder obtenerlos hay que seguir las reglas de operación de cada programa que, afirma Correa, “son discrecionales, puesto que favorecen sólo a los grandes productores quienes prácticamente acaparan los escasos programas destinados a la reactivación del campo, ya sea para siembra, equipamiento o para comercialización”.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados emitió en diciembre de 2007 un documento comparando el presupuesto del PEC de ese año, con el aprobado para 2008.
Ahí, se dice que “en la propuesta para 2008, el presupuesto se incrementa en la parte productiva, pasando de 58.3 por ciento a 61.8 por ciento y en la parte social se reduce de 41.5 por ciento a 38.2 por ciento”.
Sin embargo, no todas las dependencias siguen la tendencia general. Tal es el caso de la Sagarpa, que de tener orientado su presupuesto productivo en 33.1 por ciento en 2007, para 2008 el porcentaje cayó a 31.8 por ciento, es decir, “una reducción de 3.7 por ciento real”. En contraste, el rubro “Aportaciones Federales” crece en la parte productiva, de 8.2 a 13.5 por ciento.
Hacienda es el caso contrario: “Decrece 54.4 por ciento, y aumenta su participación hacia los programas sociales en 38.9 por ciento”. La SEP crece en la parte productiva en 8.7 por ciento, y Sectur “incrementa su presupuesto 70.5 por ciento real a la parte productiva”.
Por todo lo anterior, Max Correa advirtió que “este movimiento no acaba el 31 de enero”. Adelantó que los campesinos son punta de lanza de un movimiento social mayor que, además de exigir la reorientación del gasto para el campo mexicano, demandará la revisión de los temas energético y laboral.
Por eso, además de la marcha programada para el 31 de enero, las agrupaciones campesinas, en conjunto con sindicatos, organizarán una consulta nacional el 10 de abril, en donde se abrirá a la opinión pública el tema de la renegociación del TLCAN; en marzo se realizará un movimiento para la revisión del tema energético y, en mayo, uno más para el tema laboral.