Permitir la pena de muerte a secuestradores tendría consecuencias graves para el país en su prestigio internacional y en respeto a los derechos humanos, advirtió el subprocurador de la PGR Juan de Dios Castro.

 La polémica por esta iniciativa —el Congreso de Coahuila aprobó pedir una modificación de la Constitución federal para poder incorporar esa pena a su código estatal—, registró ayer una escalada. “Si se llegara a aplicar, violaría convenios internacionales a los que México se ha comprometido, y se le podría exigir responsabilidad en tribunales internacionales”, planteó Castro.

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad indicó que, de concretarse la pena capital, sería contraproducente: “Imagínense que a alguien se le dicte la pena de muerte y promueve amparo. Al final, como (la sentencia) viola la Constitución y los tratados internacionales, gana el amparo; entonces se obtiene lo contrario de lo que se propone perseguir”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, consideró demagógica, oportunista y con connotaciones políticas la propuesta por la pena de muerte. En contraparte, el senador Arturo Escobar, del PVEM, partido que promueve el castigo capital, destacó que “aquellos que decidieron comportarse como animales bestiales tendrán que tener un castigo del nivel del delito que cometieron”. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, consideró que si ocho de cada diez mexicanos exigen la aplicación de esta medida, los legisladores deben debatirla.

En contraste, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, llamó a cerrar este “debate estéril, porque México no tiene posibilidades de retornar a la pena capital” y acusó a quienes lo fomentan de utilizarlo como un mecanismo electoral. Con esta posición coincidió Jesús Ortega Martínez, dirigente nacional del PRD.

 Diputados del PAN y de Convergencia coincidieron en que la propuesta tiene fines electorales y contraviene la Constitución. La gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, se manifestó a título personal a favor de la pena de muerte para secuestradores que asesinen a sus víctimas, así como violadores que actúen con “mucha perversidad”.

El mandatario de Nuevo León, el también priista Natividad González Parás, asentó en Washington que apoyaría la aplicación de la pena de muerte en México, en caso de que existiera un consenso en este país. El líder del Partido Socialdemócrata, J. Carlos Díaz Cuervo, afirmó que “por ningún motivo se le debe dar al Estado permiso para matar”. En tanto, Vanessa Coria, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dijo que si México aprobara la pena de muerte contravendría convenios internacionales, en especial la Convención Americana para Abolir la Pena de Muerte.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que si Coahuila aprobara tal pena sería algo “anticonstitucional”, pues el artículo 22 de la Carta Magna lo prohíbe. El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dijo que no debatirá con el senador panista Gustavo Madero, quien dijo que si se aprueba la iniciativa procedería un juicio político.

—Héctor Figueroa, Leticia Robles de la Rosa, Roberto José Pacheco, Isabel González, Laura Toribio, Andrés Núñez, Alma Gudiño, Emmanuel Rincón y Notimex