La Secretaría de Seguridad Pública prácticamente no somete a “evaluaciones especiales” a sus altos mandos al menos en cinco programas de la corporación, admitió el presidente Felipe Calderón.

Como parte de las respuestas a los cuestionamientos de los diputados federales a su II Informe de Gobierno, el mandatario señaló —en un documento que ayer entregó— que la SSP, a través de la Dirección General de Control y Confianza, evaluó del 1 de diciembre del 2006 al 31 de octubre de 2008 un total de 54 mil 841 personas en los programas Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), Apoyo Externo, Licencia Oficial de Portación de Armas de Fuego (PFP), Evaluaciones Especiales (PFP), y Permanencia, Promoción y Formación de Grupos (PFP).

En la Policía Federal Preventiva (PFP) apenas 11% del total de altos mandos es auditado, mientras que 58% de las evaluaciones se hace a los mandos medios y 29% a personal operativo. En total, 62.1% de los agentes de la dependencia son “no recomendables” para desempeñar su trabajo.

Para el tema de Permanencia, Promoción y Formación de Grupos, los porcentajes de los cargos evaluados son: altos mandos, 2%; mandos medios, 14%; personal operativo 81% y, otros, 4%. La conclusión de estos análisis señala que 65.3% son uniformados no recomendables y sólo 33.8% son recomendables.

En el rubro de Licencia Oficial Colectiva para Armas de Fuego de la PFP sólo 3% de los altos mandos fue evaluado; mandos medios, 3%; personal operativo, 89% y, otros, 5%. De estos 84% salió recomendable y 10.2%, no recomendable.

El legislador de Convergencia José Manuel del Río Virgen, secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que “la evaluación a los mandos medios y superiores de la SSP representa solamente una mínima parte del universo a evaluar. Ésa es una de las principales causas de que el Ejecutivo no haya detectado a los funcionarios de esos niveles coludidos con las bandas delincuenciales. Para que la muestra fuera representativa, mínimo debió haber pasado por el control de confianza 12% del universo, en todos los casos.”

En las respuestas que entregó el Ejecutivo también se asienta que “como primera fase hacia la creación del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza se lleva a cabo la integración de los centros existentes en la SSP, con el propósito de realizar las evaluaciones del personal de nuevo ingreso y en activo bajo un solo mecanismo de selección basado en criterios universales”.

Este punto es precisamente uno de los nudos que atoran la Ley General de Seguridad Nacional para reestructurar a las policías.

El Ejecutivo también aseveró que en cuanto a las sanciones administrativas a servidores públicos, en lo que va de la actual administración federal se ha sancionado a mil 173 servidores (amonestados, suspendidos, inhabilitados o destituidos). Agrega que de ese total, 256 promovieron juicio de amparo o de nulidad y 63 lo ganaron.

Por su parte, el PRI calificó de miope a Calderón en el tema de la implementación de la reforma judicial al acusar que el presidente nombró a José Luis Santiago Vasconselos como secretario técnico sin antes crear una coordinación conformada por los tres poderes del Estado.