La concreción de la reforma en materia de seguridad y justicia, que se desprende del diseño del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, depende del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, revelaron ayer, por separado, los senadores Alejandro González, del PAN y Tomás Torres, del PRD.

El perredista consideró que la corrupción revelada por la Operación Limpieza se convirtió en un dique para los acuerdos.

En sendas entrevistas, ambos legisladores explicaron las razones que atoran los avances.

“Si el Ejecutivo acepta el planteamiento del PRI, le damos para adelante, la verdad es que como es una materia que tiene que ver con la política en seguridad pública, en estrategias y todo esto de coordinación, es más bien lo que acepte el Ejecutivo”, comentó Alejandro González.

“No es un asunto que decidan solamente los senadores y los diputados, sino que está también la valoración de los gobernadores.

“Un sistema donde obligas a los estados y municipios a coordinarse y si no lo hacen los amenazas con convertirlos en delincuentes, pues no puede avanzar, eso sería construir una presencia política a partir de un Estado de policías”, añadió Tomás Torres.

Gustavo Madero, presidente del Senado, también confirmó que será el lunes cuando las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras se reúnan para el mapeo de las iniciativas y “poner sobre la mesa en cuáles podemos avanzar en estas próximas fechas, en estas próximas cuatro sesiones en diciembre”.

Adelantó que este jueves el Senado hará un informe de lo que se ha avanzado en materia de seguridad, lo que está pendiente y lo se sacarán en el resto de la Legislatura.

—¿Cuál es el punto que atora el acuerdo?, se le preguntó a Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia.

—Fundamentalmente son los acuerdos que ha tenido el Ejecutivo con los grupos parlamentarios. Hay alguna cosa que está pendiente que se tenía que consultar con el Presidente de la República y eso es lo que ha detenido esta cosa, pero yo creo que ya lo vamos destrabando.

“La semana que entra estamos citando para ver la miscelánea penal en comisiones y, en conferencia con los diputados, el tema de narcomenudeo. La que ha tenido más dificultades ha sido la ley de extinción de dominio. Yo creo que vamos avanzando y espero que nos dé el tiempo suficiente para sacar esto adelante.

—¿Qué punto consultarán con el Presidente?

—Tiene que ver con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una iniciativa del PRI que incluso promovía una reforma constitucional para crear un organismo diferente al que existe ahora como Consejo Nacional de Seguridad y eso es justamente lo que ha detenido el avance de la reforma, esta propuesta del PRI que firmaron diputados y senadores, que de alguna manera se contrapone a la que ha presentado el Presidente en la Cámara de Diputados.

“No se acepta la reforma constitucional, pero la reforma legal sí y algún cambio en el órgano de la seguridad pública, como lo plantea el PRI. Eso lo tendrán que resolver el Presidente y el secretario de Gobernación y dar para adelante en Cámara de Diputados esa ley; destrabándose esa, creo que se destraban todas, con arreglos, propuestas distintas, modificaciones, pero yo creo que sí salen.

Para el perredista Tomás Torres, el atorón está en que se plantea un sistema de seguridad pública donde se centralizan todas las decisiones en la Secretaría de Seguridad Pública, donde le quitan participación a los estados, lo cual compete ahora también a los gobernadores

“Un sistema de seguridad pública donde se establezcan facultades concurrentes, en donde la Federación diga que sí va a investigar y qué le va a dejar a los estados y a los municipios es el Estado del absurdo, nadie va a ir de acuerdo con eso.

“Tampoco vamos a ir de acuerdo en que no sólo el estado y el municipio, sino que el ciudadano que no contribuya a denunciar, a convertirse en soplones permanentes o a evitar la comisión de delitos es francamente un absurdo también”, informó el perredista.