Muta, se adapta, migra, resiste y, lo peor, se contagia, a veces sin advertirlo… Su tratamiento es largo y el remedio costoso, pero más caro es padecerla y los diagnósticos así lo demuestran: en 2007, los mexicanos gastaron 27 mil millones de pesos en esos “pequeños” actos de corrupción conocidos como mordidas, que ese año sumaron 197 millones. Para llegar a este número, cada uno de los 103 millones de mexicanos, incluidos los niños, debió cometer —o promover— al menos dos actos de corrupción en ese año.

Más fácil: las mordidas representaron un gasto de 138 pesos para cada familia que quiso concretar algún trámite o conseguir un servicio, de acuerdo con la encuesta nacional para obtener el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, que cada dos años elabora Transparencia Mexicana.

Estas cifras sólo reflejan el impacto económico de la corrupción a pequeña escala, ésa que afecta de manera cotidiana el ingreso de las familias, sobre todo las más pobres y vulnerables frente a las trampas de la tramitología pública y privada.

De allí la idea de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de realizar el certamen para detectar los trámites más inútiles en el ámbito de los gobiernos federal, estatal y municipal, que logró la participación de 20 mil 600 ciudadanos. Uno de ellos se llevará 300 mil pesos y, dos más, 100 mil si su propuesta para eliminar un trámite resulta ganadora.

“Los trámites y servicios son tal vez el punto más crítico de la interacción entre servidor público y ciudadano, en términos de la posibilidad de que ocurra un acto de corrupción”, dice Benjamín Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, de la SFP.

“Sin tener cifras a la mano, porque la corrupción es imposible de medir, puedo afirmar que hoy en México hay menos corrupción que hace 15 años. Ha habido reformas legales, programas, cambios administrativos y políticos que, en algunos temas, han colocado a México como líder de la región y aun en el mundo en el combate a la corrupción. Sin embargo, no hemos tenido un avance equivalente en la aprobación de los ciudadanos”, dice el funcionario.

Será porque son desiguales las políticas y los resultados de combate a la corrupción en el gobierno federal, estatal y municipal, y en los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); de modo que a la hora de calificar, los ciudadanos no se detienen en distinciones: evalúan al Estado en su conjunto.

Para la diputada Alma Alcaraz, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y miembro de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, los estados y municipios tienen un gran reto en el combate a la corrupción. Por allí, los controles y la fiscalización de la administración son aún débiles y las auditorías lo demuestran.

De acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2006, 43% de las irregularidades detectadas corresponden a estados y municipios, lo que significa que las administraciones locales no comprobaron el destino de 14 mil 311.6 millones de pesos.

“Las irregularidades demuestran que por posible comisión de errores administrativos pudo haber daño a la hacienda por siete mil 295 millones de pesos”.

Pero el resto —otros siete mil millones— corresponde a desviaciones en el gasto y esto es inaceptable, dice la diputada, porque 90% de los ingresos de los estados proviene de la Federación.

En 2006, explica, los estados se llevaron una tercera parte del presupuesto total del país (33.5%), es decir, 761 mil 89 millones de pesos.

De esta cifra, 431 mil millones provienen de transferencias condicionadas, de los ramos 33 y 28, que son recursos proporcionados por el gobierno federal para cumplir programas sociales y de infraestructura para las regiones más pobres.

Estos recursos sí son fiscalizados por la ASF, pero el resto (329 mil millones) corresponde a sus participaciones fiscales y sólo está bajo vigilancia de los congresos y contralorías locales, generalmente sometidos a los gobernadores en turno.

“Hay dependencia, pues. Moral y económica, lo que resta facultades, independencia y autoridad a las contralorías estatales para vigilar el gasto. Allí hay manga ancha para los gobiernos estatales, que gozan de una libertad exagerada en el manejo de recursos”, afirma la legisladora panista.

“Podemos decir que en estados y municipios hay desvío de recursos, un inadecuado control de gasto y procesos; falta de consistencia en la presentación de la información presupuestal, fiscal y financiera, registros contables que no se realizan o que se llevan a cabo de manera extemporánea, pérdida de expedientes o expedientes mal elaborados, sobre todo en relación con obra pública y licitaciones, donde encontramos pagos anticipados por obras que aún no se realizan, por ejemplo.”

Todo esto salta a la vista al monitorear a los gobiernos estatales. Y eso que la ASF sólo metió la mano a 10% de los expedientes, que elige de manera aleatoria. “De modo que debe haber una cifra negra de irregularidad”, afirma Alma Alcaraz.

Los estados, además, tampoco parecen avanzar en el tema de la simplificación administrativa, de acuerdo con el Índice de Gobernabilidad y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana.

En su encuesta 2007, la peor calificación fue para el gobierno del Estado de México, seguido por el Distrito Federal, mientras el mejor calificado fue Colima.

En total, según estimaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa 9.5% del PIB y 15% de los impuestos anuales recaudados.

Si bien alerta el monto de las irregularidades de estados y municipios, tampoco puede soslayarse la responsabilidad del gobierno federal.

La revisión de la cuenta pública señala que el monto de las irregularidades detectadas en el gasto federal suma 18 mil 876 millones de pesos.

Benjamín Hill aclara: “Las observaciones de la ASF no necesariamente son irregularidades, son señalamientos para iniciar un proceso de revisión que, en el caso del gobierno federal, termina solventándose en más de 90%”.

En lo que corresponde al Ejecutivo federal, la fiscalización de la cuenta pública 2006 generó tres mil 682 observaciones, de un total de ocho mil 131 emitidas por la ASF. Antes de concluido el plazo, la SFP había enviado al órgano fiscalizador las aclaraciones correspondientes a dos mil 951 acciones notificadas. 

De hecho, explica Hill, la comisión que él coordina puso en marcha el programa Cero Observaciones, que busca abatir los errores administrativos en el manejo del erario.

Pero si la irregularidad se comprueba, la SFP no duda en actuar, afirma: “También hemos endurecido las acciones correctivas”.

—Pero los ciudadanos no lo perciben así, porque a la fecha no ven un solo funcionario en la cárcel.

—Ahí hay una agenda pendiente de los gobiernos, que involucra al sistema de procuración de justicia —admite Hill.

“Antes de esta administración, muchos corruptos calculaban el monto de la ganancia a obtener y lo ponderaban con la posibilidad de ser capturados y la gravedad de la sanción, que en muchos casos sólo implicaba retirarlo de su cargo, ofreciendo un exilio dorado para quienes robaban.”

Ahora, en cambio, las autoridades recurren más a la acción penal, afirma. “Vamos por la sanción penal contra estas personas, que vayan a la cárcel. Pero es difícil dar a conocer los resultados, que los hay: gente en la cárcel. Y vienen más investigaciones que se traducirán en encarcelados”.

Esos logros no se pueden presumir, pues hay un impedimento legal para dar a conocer esa información en tanto no concluya el proceso.

Por eso, la diputada Alma Alcaraz considera que un tema pendiente es revisar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Es muy cómoda y toda la parte penal está muy guanga”.

Explica: “La ASF puso cinco denuncias contra diferentes estados, ante la autoridad judicial. Estas denuncias se llevan tres, cuatro, cinco años. Es un proceso muy largo y este entramado legal solapa la corrupción”.

Aunque la legisladora reconoce los esfuerzos de la SFP, advierte que aún hay mucho por mejorar, sobre todo en las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Economía, entre otras, en relación con sus controles de gasto, reparto de dinero y recursos y reglas de operación de sus programas.

No es fácil, admite Benjamín Hill, ya que el gobierno se mueve muy lento y es muy difícil cambiar las leyes. “Los corruptos, en cambio, son muy dinámicos e innovadores, cambian sus procedimientos y se adaptan fácilmente”.

Las malas noticias en materia de corrupción se extienden a las empresas. Éstas calculan que en un año los pagos ilícitos —los llaman “extraoficiales”— que gestores y funcionarios exigen a las compañías aumentaron: si en 2006 cada acto de corrupción les costó dos mil 207 pesos, en promedio, para 2007 tuvieron que pagar cinco mil 163 pesos, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Si la encuesta (origen del estudio sobre La Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas 2007) se aplicó a 994 empresarios, resulta que la corrupción tuvo un costo de cinco millones 132 mil 22 pesos.

La corrupción atenaza, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con un estudio elaborado en 2004 por la firma CEI Consulting & Research, especializada en el análisis de fraudes corporativos y corrupción.

Elaborado con base en una encuesta, el estudio hace una distinción entre fraude y corrupción. Al primero lo define como aquel proceso de enriquecimiento ilícito, mediante engaños, en el que normas privadas o públicas son violadas, sin la participación o conocimiento de la parte afectada; y, al segundo, como el proceso en el que un servidor público obtiene beneficios o pagos extralegales aprovechando su autoridad.

En materia de corrupción, la encuesta arrojó que 43% de las Pymes realiza ocasionalmente pagos extraoficiales a servidores públicos y 35% lo hace de forma consuetudinaria.

Estos pagos significan, en promedio, 10% de sus ingresos anuales totales, lo que representaría, en una estimación promedio, 4.5% del PIB.

Y, otra vez, el terreno más fértil para la corrupción son los trámites: 31% de las Pymes admitieron realizar pagos extraoficiales para agilizarlos; 28% para evitar inspecciones o evadir multas derivadas de inspecciones; 25% para tramitar licencias y permisos, y 21% para sobornar en licitaciones.

Hay que aceptarlo: el ciudadano no sólo es víctima de corrupción, también la propicia. Se trata de un fenómeno que los especialistas llaman “la captura del Estado”, y que resume la capacidad de ciudadanos, empresas o cualquier otro interés para influir y aun apoderarse de las decisiones del Estado.

Ocurre, por ejemplo, cuando se abre una licitación “con dedicatoria”. Esto significa que alguien, con sobornos, logra dirigir la licitación hacia sus intereses para ganar.

A la fecha, la SFP tiene registradas 662 empresas —licitantes, proveedores y contratistas— que por sanción no pueden presentar propuestas o celebrar contratos con entidades de la administración pública federal ni de los estados.

Habrá que admitir, entonces, que es logro compartido de gobiernos y ciudadanos que México siga distinguiéndose como país corrupto.

Al menos así lo demuestra Transparencia Internacional, que lo coloca en el lugar 72 de 180 naciones. No está en el sótano, pero aún ve lejos la cúspide.