Aun cuando se comprobara que el destino final de las 59 camionetas Hummer endosadas a líderes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es rifarlas y obtener recursos para mejorar la infraestructura de escuelas marginadas, integrantes del magisterio advirtieron que será difícil certificar dicho sorteo y verificar que los recursos realmente se inviertan en las aulas.

“Las escuelas no funcionan de dádivas, porque es responsabilidad del Estado otorgar los recursos para su funcionamiento; y si los secretarios sindicales no invierten el dinero de las Hummer, no hay mecanismos para exigirles cuentas”, afirmó el profesor Gonzalo King, integrante de la sección 10 del Distrito Federal y participante del plantón instalado afuera de la sede de la SEP.

Explicó que “los dirigentes sindicales no están obligados a rendir cuentas de lo que hagan con su camioneta, pero esto es reflejo del mal uso que les dan a las cuotas sindicales, de las cuales sólo unos cuantos salen beneficiados”.

El hecho, según profesores agremiados a este sindicato, es que Elba Esther Gordillo . líder del SNTE, tuvo que rectificar su postura inicial de regalar las todoterreno, debido a las críticas y a la indignación que despertó dicha decisión.

Los 900 mil pesos que, se estima, obtendrán los líderes del magisterio por cada uno de los 59 vehículos sorteados permitirán igualar la inversión federal por escuela.

Mientras en este ciclo escolar el gobierno invertirá un promedio de 170 mil pesos para la rehabilitación de cada escuela que se encuentra en mal estado, el dinero obtenido por las rifas dotaría de 165 mil pesos a cada uno de los 320 planteles que el SNTE pretende ayudar (diez por cada entidad).

La dirigente nacional de este gremio, Elba Esther Gordillo, aseguró que este dinero es para ayudar a las escuelas que no cuentan con sanitarios, tienen pisos de tierra o techos de lámina.

Y mientras la lideresa del sindicato aseguró que ayudarán a diez escuelas por entidad federativa, lo cierto es que en el país existen alrededor de 33 mil 500 planteles que presentan pésimas condiciones en su infraestructura, es decir que no cuentan con techos, piso, baños o que sus paredes y ventanas están hechas de un material inapropiado para un salón de clases.

Un diagnóstico de la Dirección General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, solicitado por la SEP para determinar qué escuelas serán rehabilitadas a través del pacto de la ACE, señala que más de 33 mil escuelas se encuentran en pésimas condiciones, de las cuales tan sólo cuatro mil 500 se localizan en las comunidades pobres de Chiapas.

Con base en esta información, de las 223 mil escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 15 por ciento no tiene las condiciones físicas para prestar un servicio educativo de calidad, toda vez que su piso es de tierra, el techo es de lámina y en muchas no hay ni ventanas o puertas.

Según el documento, la comisión rectora de la ACE puso como meta remodelar estas 33 mil 500 escuelas, aunque las autoridades educativas de cada estado tendrán que verificar si efectivamente éstos son los centros educativos más necesitados.

De acuerdo con los compromisos de la ACE, este año lectivo se fijó la meta de rehabilitar a diez mil planteles ubicados en zonas de alta marginación, de los cuales seis mil (donde estudian más de dos millones de alumnos) serán atendidos de manera urgente.

No obstante, la SEP no especificó cuándo empezarán los trabajos ni cuáles son los domicilios exactos de estos planteles donde se invertirán los recursos extraordinarios aprobados por el Congreso de la Unión para este ciclo escolar.

Para la reparación de este primer bloque de diez mil escuelas, el Congreso de la Unión aprobó una partida extraordinaria de mil 700 millones de pesos, y, en una segunda etapa, programada para mediados del año próximo, se trabajará en planteles que presentan un grado menor de deterioro.

El titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa aseguró que para cumplir con esta tarea, se mantiene una estrecha relación con los responsables de la política educativa en las entidades federativas, con pleno respeto a la federalización del sector.