Castigar con mayor severidad y ampliar el rango de quienes serán considerados cómplices de acciones de terrorismo son dos de las aristas de la propuesta de reforma a la Ley Federal contra el Crimen Organizado que hoy arranca su proceso legislativo en el Senado de la República.

El pleno legislativo conocerá también la iniciativa perredista para cerrar el paso a la corrupción policial, regular el uso de la fuerza necesaria y obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar programas de reclutamiento más efectivos y estrictos.

Ambas iniciativas son de René Arce y se suman a las presentadas por Tomás Torres en materia de secuestro, con lo cual el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado se convierte en la primera fuerza política del país en concretar sus propuestas en materia de seguridad, luego de que los ciudadanos de todo el país marcharan el pasado 30 de agosto para exigir más efectividad en el combate contra los delincuentes

La propuesta de René Arce para modificar la Ley Federal contra el Crimen Organizado responde a la preocupación de los perredistas para corregir el reciente cambio hecho a esa ley donde se deja la puerta abierta a que sean considerados terroristas los activistas sociales o políticos que realizan protestas callejeras.

Pero también responde a la necesidad de definir mejor a quiénes se les considerará cómplices de terrorismo.

Así, René Arce plantea que sean considerados como cómplices a quienes “dolosamente presten ayuda o auxilien a otro a cometer actos de terrorismo; y los que con anterioridad o posterioridad a su ejecución auxilien, por omisión o comisión, al autor material o intelectual de algún acto de terrorismo”.

El senador también propone crear la Ley General de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Pública, la cual define como “aquella que despliega de manera física y con apoyo de instrumentos, equipo, armamento y fuerza corporal, los elementos policiales, como parte de las facultades de la autoridad para ejercer coerción, como medio para la salvaguarda del orden y la paz pública, en situaciones de riesgo o extremo peligro; para restablecer el orden, la paz y la tranquilidad públicas; así como para evitar la comisión de infracciones y delitos, siempre y cuando no se haya logrado disuadir a los actores para evitar dicha conducta o participación en actos violentos, o que afecten la seguridad pública y el interés general de los bienes tutelados por el derecho constituido”.

Explica que ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito.

Toda orden con estas características, añade deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.

Los motivos por los cuales se da la intervención de la policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, demandó a las procuradurías General de la República y a la de Michoacán una rápida y efectiva investigación para conocer a los responsables de los atentados en Morelia, la noche del 15 de septiembre.

“Los diputados seguiremos muy de cerca los avances que en ese sentido se obtengan, seguros de que se contará con todo el respaldo que se requiera de quienes integramos esta LX Legislatura”, expresó el legislador federal a través de un comunicado.

En el texto de cuatro párrafos, Duarte Jáquez también expresa su “absoluto rechazo y profunda indignación ante el cobarde atentado” perpetrado el pasado lunes en el centro de la ciudad de Morelia, cuando el gobernador de la entidad encabezaba el tradicional Grito de Independencia.

Y también manifiesta su solidaridad con las víctimas “de este brutal acontecimiento y sus familias. Por último estamos ciertos que este tipo de actos arteros, lejos de amedrentar, sólo sirven para unir más a todos los mexicanos, en torno al fortalecimiento del estado de derecho y la paz”.