MÉRIDA.— En dos hechos diferentes, 12 personas fueron decapitadas ayer en Yucatán, que era la tercera entidad con menos ejecuciones atribuibles al crimen organizado en 2008. Once de estos delitos se perpetraron en la comisaría de Chichí Suárez, en Mérida, y el restante en el municipio de Buctzotz.

En toda la historia, éste es el peor evento de este tipo. El que le antecedía ocurrió en septiembre de 2006, en Uruapan, Michoacán, cuando cinco cabezas fueron arrojadas a un centro nocturno.

Los sucesos de ayer son atribuidos por la policía a la disputa de dos grupos antagónicos de narcotraficantes que luchan por la plaza.

Las ejecuciones ocurren días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, recibiera amenazas de muerte telefónicamente.

De hecho, el cuerpo hallado en Buctotz tenía una “narcoleyenda”.

Los 11 cuerpos hallados en Chichí Suárez —a escasos 200 metros de una zona habitada— estaban desnudos, con excepción de uno. Las cabezas no han sido halladas.

Los cadáveres estaban apilados en dos montones y algunos estaban esposados. En el sitio no había sangre abundante, lo que hace suponer que las personas no fueron ejecutadas ahí.

El hallazgo fue realizado poco después de las 16 horas por dos hermanos que acudían a comprar, aunque casi a la misma hora un desconocido se comunicó por telefono a una televisora local para informar de los “11 muertitos que les dejamos”.

“Papá, papá, hay personas sin cabezas...”, expresó el joven que, acompañado de una hermana suya, descubrió los 11 cuerpos en montes de Chichí Suárez.

La joven no dijo nada, cayó en una crisis nerviosa y así seguía hasta entrada la noche.

“Sí, papá, están sin cabeza, ven a verlos”, seguía gritando el joven.

El papá, que dijo estar considerando abandonar su casa por temor, acudió al sitio, comprobó lo dicho por su hijo y avisó a las autoridades de la comisaría.

El subprocurador Rafael Acosta Solís fue el primer funcionario que llegó al sitio. En el lugar también estuvieron el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el subsecretario Héctor Cabrera Rivero.

Aunque ninguno de los muertos ha sido identificado, la policía estatal comenzó a levantar un “censo” entre sus agentes que no trabajaron ayer para descartar que estén entre los ejecutados.

Según fuentes policiacas, los asesinados podrían ser narcovendedores o sicarios. Se cree que algunos de ellos son foráneos, por su color de piel y tatuajes. Las autoridades locales sólo tienen el reporte de dos desaparecidos: un narcovendedor de Progreso y un estudiante de Mérida.

Por este motivo, las autoridades consideraban incluso que algunos de los ejecutados feuron traídos de fuera, de Cancún específicamente, encerrados en alguna casa de seguridad y luego asesinados.

La ejecución, se sospecha, fue cometida cerca de la zona, en una casa de seguridad, pues el año pasado un narcovendedor del sur de la ciudad fue levantado y posteriormente abandonado en esa comisaría.

Vecinos de la zona señalaron que no se percataron de nada anormal y tampoco escucharon disparos.

Las primeras diligencias fueron realizadas por personal de la Procuraduría estatal, pero por la noche se informó que la PGR atrajo el caso.

El secretario de gobierno estatal, Rolando Zapata Bello, aseguró horas después que el gobierno del Estado interpreta los recientes acontecimientos como un hecho delictivo que altera la vida de los yucatecos y debe ser abordado con firmeza.

Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó su facultad de atracción, ante la sospecha de que este hecho esté vinculado con el narcotráfico.

A través de un comunicado, la PGR informó que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada fue a la zona para iniciar con la identificación de las víctimas.

Un informe del gobierno federal detalla que Yucatán era la tercera entidad con menos ejecuciones vinculadas al narcotráfico: en 2008 sólo se había iniciado una averiguación previa por el asesinato de un presunto narco, se reportó la ejecución de un elemento de seguridad estatal y otros dos casos, sin identificar.

El último análisis georreferenciado de la Federación destaca que, en esa entidad, se ha registrado la operación del cártel de Juárez, liderado por la familia Carrillo Fuentes.

También se tienen antecedentes, según el documento, de la operación de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, quienes pelean por rutas y plazas para comercializar drogas.