Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero rechazaron la supuesta inconstitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación.

En el segundo turno del debate de este miércoles sobre la posible inconstitucionalidad de la ley que permite esa práctica en la capital del país, los ministros coincidieron en su rechazo al dictamen presentado por su colega Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Al igual que lo habían hecho antes José Ramón Cossío y Juan Silva Meza, Franco González Salas y Valls Hernández coincidieron en que ninguna norma constitucional protege expresamente la vida.

"No hay norma que obligue al Estado a penalizar a la mujer que interrumpa el embarazo", sostuvo el ministro Fernando Franco González Silva, quien hizo una amplia exposición de las obligaciones que en materia de salud reproductiva tiene el Estado de acuerdo con la ley.

Consideró que antes de tomar la decisión los integrantes de la Asamblea Legislativa capitalina ponderaron debidamente los aspectos de salud, protección de derechos y derecho a la vida.

Es importante, dijo, "que a la mujer se le imponga una maternidad no deseada bajo la amenaza de encerrarla en la cárcel. Constitucionalmente no hay contradicción y la decisión no se tomó arbitrariamente ni es contraria a la Constitución".

Planteó que ante todo la mujer debe de contar con elementos para que al momento de "tomar la terrible decisión de abortar" cuente con información completa, oportuna y veraz, independientemente de su condición social y preparación.

A su vez Valls Hernández sostuvo que se equivocan quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad al afirmar que la Constitución consagra el derecho a la vida y que éste sea superior a cualquier otro.

No es así, apuntó, y señaló que la Constitución no exige proteger la vida a ultranza y en cualquier caso porque de ser así, expresó, "llegaríamos al extremo de sostener que la Constitución protege a cada célula".

Después dio lectura a una serie de preceptos constitucionales que protegen los derechos de la mujer embarazada y no así del producto.

Entre ellos mencionó el Artículo 123, que protege la salud de las mujeres embarazadas. Ahí el derecho tutelado es el de la mujer –y en consecuencia el del producto- a una protección adecuada pero nunca debe estar encima del derecho de ella el derecho del producto no nato, recalcó.

Citó que en normas internacionales México ha manifestado la salvedad de que no se puede imponer penalización o no del aborto, pues esa es decisión de cada Estado.

Expuso que "quienes argumentan la inconstitucionalidad de la norma llegan al extremo de pretender que se proteja más al producto que a la madre, dejando a ésta como mero instrumento de la maternidad".

Además consideró absurdo establecer la obligación de que el padre del producto intervenga en la decisión del aborto porque, dijo, se trata de los derechos de las mujeres.

A su vez la ministra Olga Sánchez Cordero adelantó su voto contra el proyecto, aunque reconoció el denodado y serio esfuerzo de su compañero Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Contrario al argumento del ministro Mariano Azuela Güitrón, quien dijo saber del tema porque tiene seis hijas y 12 nietas, ella dijo que sabe más porque es mujer, tiene dos hijas y tres nietas.

Más aún criticó a un médico que en una entrevista radiofónica hace unos días aseguró que las mujeres modernas hacen "un drama" para tener un hijo.

"No sabes lo que estás diciendo; no sabes lo que es aumentar de peso, sufrir el rechazo de la pareja -y no lo digo por mí-, no conoces los dolores de parto, ni la depresión postparto, que hasta lleva al suicidio a algunas mujeres", expresó.

Aunque no entró al debate jurídico del asunto, pues se decretó un receso hasta las 17:00 horas, adelantó que desde su punto de vista la ley en el Distrito Federal no es inconstitucional.

Hasta el momento los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón son los únicos que sostienen la inconstitucionalidad de la norma.

En contra del dictamen han hablado José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Fernando Franco González Salas, Genaro Góngora y Olga Sánchez Cordero.

Con ello -y a reserva de la votación formal que podría ser este miércoles- la ley no se declarará inconstitucional, pues se requerían sólo cinco votos para ello y ya se tienen siete.

mvg