Sólo una persona entre los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, realizada ayer en Palacio Nacional, hizo que todos se pusieran de pie y aplaudieran, no fue un gobernador o un secretario de estado, ni siquiera el presidente Felipe Calderón.

Se trató del padre del menor Fernando Martí, Alejandro Martí, quien tomó la palabra y con la voz entrecortada y ojos que reflejaban el pesar por el asesinato de su hijo a manos de sus secuestradores, dijo que ese crimen fue culpa de todos: de una sociedad que no ha sabido hacer nada para frenar la delincuencia.

Con un moño blanco en la solapa, en señal de duelo, lanzó una sentencia ante los concurrentes, unos con el rostro impávido, y otros con semblante adusto, quienes escucharon la sentencia del empresario que, claro, los incomodó: ¡Si no pueden renuncien!

Entonces, el silencio inundó el Salón de la Tesorería... para luego reconocerle a Martí de manera unánime por parte de los gobernadores y de los funcionarios asistentes, que él, su semblante, resume la tragedia de miles de ciudadanos mexicanos que han perdido a manos del hampa a un ser querido.

El presidente Felipe Calderón se levantó de su silla y caminó hacia Martí para estrechar su mano y ofrecerle un abrazo, que también reflejó la deuda que el gobierno tiene para con él y para con tantos padres de familia.

El primer mandatario, con traje oscuro, corbata azul y una pequeña bandera colocada en la solapa, presidió el primer encuentro en materia de seguridad que tuvo un quórum total desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con Ernesto Zedillo.

Aunque en el lugar no se logró el consenso para aumentar de manera sustancial el gasto en materia de seguridad, ni se obtuvo el acuerdo para unificar los códigos penales de todo el país, si logró unificar a la clase política nacional con miras a un objetivo común: frenar la delincuencia.

Un presidente displicente tuvo un gesto para Marcelo Ebrad, su oponente político, cuando le ordenó a Roberto Campa Cifrián, secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad, que diera la palabra al perredista.

Ebrard tomó la palabra: “Asumo los compromisos que aquí se están tomando, el gobierno del Distrito Federal hace suyos estos acuerdos”, para luego aceptar el reto lanzado instantes atrás por Alejandro Martí.

El gobernante capitalino, también de traje oscuro, pero con corbata amarilla y un águila juarista en la solapa, puso en esa mesa de trabajo de Palacio Nacional su renuncia, “si es que no logro reducir la delincuencia en la Ciudad de México”.

Doce minutos antes de las cinco de la tarde, Ebrard salió del edificio sede del Gobierno del Distrito Federal, caminó hacia Palacio Nacional flanqueado por el líder de los diputados perredistas, Javier González Garza, y por el dirigente senatorial de su partido, Carlos Navarrete.

Con ellos rompió el dogma que le impuso Andrés Manuel López Obrador, de no sentarse a la misma mesa con el Presidente de la República, que no es reconocido por el ex candidato perredista a la Presidencia de la República.

El jefe de Gobierno ingresó a Palacio Nacional por la puerta central, pero no asistió a la comida que ofreció el presidente Calderón a los mandatarios estatales, mucho antes de su llegada.

Al encuentro también asistió la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, quien entró a Palacio portando un vestido rosa mexicano.

La legisladora guerrerense quien un día antes había celebrado su día, el Día de la Presidenta, como dijo al referirse al informe de labores que dio respecto de su trabajo al frente del Congreso—, debido a la asignación de lugares, quedó sentada entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aunque por momentos parecía estar más cerca del encargado de la política interior.

En escrupuloso orden alfabético fue asignado el lugar de los gobernadores en la mesa de la cubre sobre seguridad.

Algunos mandatarios innovaron la forma de arribar a Palacio Nacional, como el mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien llegó en motocicleta, tripulada por su chofer.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y su homólogo michoacano, Leonel Godoy, llegaron a la comida con el Presidente, que fue desdeñada por Ebrard, tomados del brazo. Los demás gobernadores en camioneta, con guardaespaldas y policías de tránsito abriéndoles paso.

Palacio Nacional se convirtió por casi siete horas en un búnker, al cual era imposible acercarse, como fue el caso de una señora proveniente de Michoacán, quien con sus dos hijos buscó llegar los más cerca a un acceso del inmueble para hacer un reclamo.

Desde hace tres meses no sabe de su esposo, quien posiblemente, dijo, ha sido secuestrado; mostró papeles de sus denuncias ante el Ministerio Público, y pensó que quizá en el encuentro de Palacio Nacional se podría hacer algo por su caso.