La presidenta de México Unido contra la Delincuencia AC, María Elena Morera, y Alejandro Martí, emplazaron al presidente Felipe Calderón y al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard a reunirse en menos de 30 días para escuchar a la sociedad y determinen una acción de Estado contra el delito de secuestro.

Durante una conferencia de prensa, llamaron a los mandatarios federal y local a dejarse de mensajes mediáticos.

Además, presentaron la propuesta de cinco puntos para combatir el secuestro en el país: la creación de un observatorio ciudadano del secuestro; la definición de una estrategia nacional de combate al secuestro, la expedición de una ley general sobre el tema, la construcción de un reclusorio de máxima seguridad para secuestradores y la reglamentación del uso de telefonía celular.

Por su parte los organismos de Derechos Humanos manifestaron su rechazo a la propuesta de cadena perpetua para secuestradores, pues aseguran que no es la solución ante el incremento de la inseguridad en el país.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, consideró que el endurecimiento de penas judiciales, como la reciente propuesta del Ejecutivo federal de elevar a cadena perpetua el delito de secuestro, "es una tomadura de pelo".

El Ombudsman nacional dijo que la propuesta "no funciona porque podemos subir las penas al infinito y la delincuencia no baja ni baja la impunidad, pues lo que se necesita es acabar con la impunidad".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, dijo que la propuesta de elevar a cadena perpetua los delitos de secuestro no es la solución al problema de la inseguridad.

Álvarez Icaza consideró necesario ciudanizar la policía debido a que es en los órganos de orden público donde los ciudadanos desconfían más de su protección.

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