La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dijo estar dispuesta a iniciar un diálogo con el gobierno, pero exigió que el gobierno federal dé muestras fehacientes de distensión.

En un comunicado dirigido a los integrantes de la comisión de intermediación, el EPR exigió acciones inmediatas para castigar a los responsables de la desaparición de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La guerrilla, en su última comunicación responsabiliza directamente a los integrantes del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR, hoy desaprecido) de ser quienes levantaron a sus dos compañeros el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca.

En la misiva enviada ayer, el grupo señala que la detención “extrajudicial” fue ordenada por la ex titular de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña.

Para respaldar este argumento, el EPR hace mención a una carta enviada, presuntamente, por elementos de la Policía Ministerial de esa entidad, en la que se asegura que integrantes de la FPAR también secuestraron a Jonás Gutiérrez Corro, comandante de esa corporación, por negarse a participar en el operativo para detener a los eperristas.

La denuncia por la desaparición del comandante, según el EPR, fue emitida el 7 de enero de 2008: “Somos policías ministeriales del estado de Oaxaca, pedimos al gobierno de Oaxaca que aparezca con vida el comandante Jonás Gutiérrez Corro, desaparecido al salir de su domicilio, en el fraccionamiento que se encuentra cerca de El Tule, por un grupo armado, mismo que desapareció a los miembros del EPR.

“El comandante no quiso participar en la desaparición, y lo secuestraron por no ser corrupto como los demás comandantes dirigidos por Manuel Moreno Rivas, el comandante Pedro Hernández y la ex procuradora Lizbeth Cadeza.

“Nosotros vimos a los miembros del EPR llegar a Los Pinos, comandancia del grupo FPAR, donde los interrogaron hasta el amanecer, y de ahí ya no se supo nada, y días después desaparecieron al comandante.”

Para iniciar un diálogo abierto, el EPR solicitó que el gobierno federal traslade a los “presos políticos y de conciencia” que están en el penal mexiquense de máxima seguridad El Altiplano: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales.

“Que sean puestos en libertad todos los presos políticos y de conciencia del país, sobre todo los que en Chiapas, en el penal de El Amate, se han sometido a una extenuante huelga de hambre y los presos de los Loxicha, en Oaxaca.

“Que sean juzgados los gobernantes y funcionarios responsables de la ‘fabricación de delitos’, las torturas, las detenciones sin sustento, los asesinatos y todas las injusticias cometidas en contra de todos los presos políticos y de conciencia”, concluyen.