México recibiría fondos de la Iniciativa Mérida sólo si el gobierno estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiacas y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.

Los condicionamientos, incluidos en la versión de la Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.

“Ninguno de los fondos disponibles bajo esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte que existen los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción”, señala el proyecto de ley.

El Comité aprobó el pasado viernes el proyecto con una asignación de 350 millones de dólares, 100 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y decidió agregar cinco millones para Haití y otros cinco millones para República Dominicana.

La suma, que se redujo respecto a los 500 millones de dólares solicitados por el presidente George W. Bush para México, pero se incrementó en cuanto a los 50 millones pedidos originalmente para Centroamérica, aún debe ser aprobada por el Senado de EU en pleno. La Casa Blanca tiene la prerrogativa de promulgarlo o vetarlo.