El senador José Alejandro Zapata Perogordo presentará hoy ante comisiones un proyecto de dictamen de ley que propone sancionar hasta con 40 mil salarios mínimos a los medios de comunicación que se nieguen a publicar réplicas a su información.

El proyecto de ley reglamentaría el artículo sexto de la Constitución que garantiza el derecho de réplica y que hasta ahora está regulado sólo en leyes secundarias. La iniciativa plantea que los medios estén obligados a garantizar el derecho que tiene toda persona a responder o rectificar cuando considere que una información, mención o referencia emitida en su perjuicio a través de los medios de comunicación es “inexacta o agraviante”.

Incluso, las fotografías e imágenes no fijas podrán ser objetadas por quienes aparezcan en ellas, cuando consideren que fueron editadas de manera que distorsionen los hechos sustancialmente causando prejuicio.

Familiares directos y consanguíneos hasta en tercer grado, y en línea colateral hasta en segundo grado, podrán reclamar el derecho a contravenir una información cuando el supuesto agraviado ya haya fallecido.

La única salvedad contemplada en la iniciativa es “cuando la información consista en la crítica profesional, objetiva y respetuosa que verse sobre las actividades públicas del aludido”, señala el proyecto de dictamen que deberán aprobar los miembros de las Comisiones Unidas de Justicia, Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y de Estudios legislativos, para después someterla al pleno de la Cámara Alta.

La iniciativa de reforma sanciona todo tipo de información y no hace diferencias entre géneros de información meramente informativos y editoriales o de opinión.

El dictamen establece que el medio de comunicación de circulación diaria que no publique la rectificación en los siguientes dos días, después de recibir la solicitud, será sancionado administrativamente con una multa de entre cinco y diez mil salarios mínimos.

La ley reglamentaria indica que la réplica deberá limitarse a los hechos que se refieran a la información que se quieren rectificar y no debe incluir juicios de valor, opiniones no ofensas contra el emisor o afectaciones a terceros. Por su parte, el medio de comunicación estará obligado a publicar el texto de forma íntegra, en un espacio u horario similar al de la nota que motivó la queja, sin comentarios ni apostillas.

La instancia encargada de sancionar a los medios de comunicación y decidir quién tiene la razón cuando éstos se nieguen a publicar una réplica será la Secretaría de Comunicaciones, aunque la propuesta no especifica cuáles serán los criterios que tomará en cuenta para dirimir las diferencias.

Cuando un medio de comunicación considere que la queja del que se siente agraviado es improcedente porque no coincide con las especificaciones establecidas en la ley, deberá inconformarse ante la Secretaría de Gobernación antes de que pasen dos días de haber recibido la solicitud de réplica. La dependencia emitirá un dictamen dentro de los siguientes tres días y lo publicará en el Diario Oficial de la Federación. Si el dictamen no da la razón al medio de comunicación y ordena que publique la réplica, pero el medio no quiere hacerlo, la multa inicial se duplicará y será de entre diez y 20 mil salarios mínimos.

En los casos en los que la información que motive la réplica de sus protagonistas sea de carácter electoral, incluso durante las precampañas, la falta se contemplará doblemente grave y las multas por negarse a publicar una respuesta a la noticia serán de entre diez y 40 mil salarios mínimos. En este caso sería el Instituto Federal Electoral el encargado de sancionar y dictaminar si la falta procede o no.

En la exposición de motivos del proyecto de dictamen se señala que se permitirá a los ciudadanos defender su honorabilidad puntualizando informaciones que se refieren a él y ayudará a que el objetivo de veracidad se logre al complementar la información a través de los datos que se aporten, fortaleciendo el derecho a la información de la ciudadanía como complemento del derecho a la opinión pública.