El temor a los sicarios del cártel del Golfo ha trascendido las fronteras de México.

Durante su reciente gira por Chiapas, el relator especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Migrantes, Jorge Bustamante, conoció el testimonio de Arturo, un salvadoreño de 29 años, quien dijo haber sido testigo del secuestro masivo de por lo menos un centenar de centroamericanos en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles de Tierra Blanca, Veracruz, por presuntos integrantes de los Zetas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, que expuso la experiencia de “Arturo” al representante de la ONU, los secuestradores portaban armas R15 y cuernos de chivo, y se desplazaban en camionetas de lujo.

“¡Órale, súbanse o aquí se quedan! Gritaban los secuestradores, al tiempo que con ráfagas de R15 obligaban a subir a los hombres y mujeres inmigrantes.

“Yo logré escapar y esconderme entre el monte”, narró el salvadoreño en el documento que le presentaron al relator de Naciones Unidas.

Las actividades del grupo armado en Veracruz ha sido ampliamente documentada por Excélsior. En su edición del martes pasado, este diario publicó que los zetas han tomado el control de Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua, donde las autoridades locales y empresarios son extorsionados por los pistoleros, sin que la justicia estatal o federal pueda intervenir.

“Mira, imbécil: debes depositar dos millones de pesos en el número de cuenta que te voy a dar; si no quieres, se muere tu madre o tus hijos, que tenemos bien ubicados. Tú decides. Nosotros no andamos jugando”. Con estas frases suelen sobornar a las familias más acaudaladas de Ciudad Cardel.

No obstante, una de las historias más conmovedoras sobre migrantes que escuchó el relator de la ONU fue la de Martín, un salvadoreño de 44 años, originario del departamento de Santa Ana, quien ante una veintena de representantes de Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos, externó su preocupación por la vida de su esposa.

Martín es un migrante, de oficio agricultor, que vendió algunos de sus muebles y pidió dinero prestado para viajar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Sin ningún problema, la pareja de salvadoreños logró llegar hasta el municipio de Escuintla, a 70 kilómetros de Tapachula, donde fueron interceptados por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) tras negarse a pagar para que los pusieran en libertad.

Tras ser deportados, los inmigrantes cuscatlecos reiniciaron el viaje. Llegaron en una unidad de transporte al municipio de Huixtla, Chiapas, donde decidieron transitar por el punto conocido como “la arrocera”, para burlar la vigilancia migratoria “El Hueyate”, sin imaginar los que les esperaba.

“Habíamos avanzado como unos 50 metros por el monte cuando me interceptaron unos policías que vestían de azul y uno de ellos, el que portaba un fusil M16, me preguntó que a dónde iba. Me registraron, me quitaron el dinero y se llevaron a mi mujer”, relató.

Martín dijo que tras ser liberado por los delincuentes se escondió por varios días en el monte cerca del lugar donde se llevaron a su esposa para ver si aparecía, pero hasta la fecha sigue secuestrada.

El inmigrante salvadoreño solicitó el pasado 12 de marzo al relator especial que llevara su caso ante las autoridades mexicanas para que se indague el paradero de su cónyuge.